Con su permiso senadora presidenta:
De las urnas del 1 de julio nació un mandato para quien presidirá el nuevo gobierno a partir del ya próximo 1 de diciembre: emprender los cambios indispensables para sacar a México de la crisis múltiple que nos han heredado los últimos sexenios presidenciales. Ese es el mandato de las urnas.
Entre las diversas expresiones de esta crisis, el problema de la violencia y la inseguridad, los millones de pobres, la corrupción y desdén gubernamental, se colocan como las principales preocupaciones de los mexicanos.
El presidente electo ha ratificado su determinación de dar cabal cumplimiento a sus compromisos y a obedecer el mandato que recibió de más de treinta millones de ciudadanos, en el sentido de impulsar las transformaciones que el país ocupa para convertirse en una República plenamente democrática, próspera y en paz. Y sobre todo, en paz.
Para ello, el rediseño institucional y la redistribución de competencias de algunas de las áreas más importantes del Poder Ejecutivo federal, en particular aquellas que han dado señales claras, sobradas de ineficacia o que han sido y/o, presas de prácticas de corrupción.
Es de particular interés del nuevo gobierno contar con instrumentos y modelos institucionales más eficientes para el combate a la pobreza, la disminución de la violencia y la erradicación de la corrupción. Por ello, el enfoque de esta reforma es alcanzar mayores niveles de eficacia de las políticas públicas, mejorar la transparencia y calidad de servicio a los ciudadanos.
Estas son las razones, compañeras senadoras, compañeros senadores, para la creación de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana que permitirá darle el rango de secretaría de Estado a una función esencial de gobierno.
La creación de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana no implica el debilitamiento de la Secretaría de Gobernación, sino exactamente lo contrario, se fortalece, porque reasume la responsabilidad de la política interior, la tarea de asegurar las condiciones para la gobernabilidad democrática y la plena vigencia del estado derecho. Es en nuestros días, esa, una función primordial, que contará en la Secretaría de Gobernación con mejores condiciones legales e institucionales para su cumplimiento.
Se ha dicho, y con certeza, que el mayor desafío de la seguridad nacional en la actualidad se encuentra en la inseguridad pública. Por ello, es acertada y estamos totalmente convencidos, que es acertada esta propuesta contenida en el proyecto de decreto para atribuir a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana la obligación de garantizar la seguridad pública y resguardar la seguridad nacional.
Sin el control y la contención de la violencia que hoy nos flagela, nuestras instituciones, el régimen de estado de derecho y la integridad del país están hoy en alto riesgo y lo saben todos los compañeros senadores y senadoras de los distintos grupos parlamentarios que hoy se oponen.
Justamente por ello, por todo ello se propone también la reorientación y la nueva denominación de la Secretaría de Bienestar, porque se parte de la premisa de que la política social practicada en los últimos tiempos ha sido un fracaso. O díganme si no.
En las últimas dos décadas, se han gastado más de cinco billones de pesos (5,107 mil millones de pesos a precios del 2017) en el combate a la pobreza, y pese a ello, el fenómeno persiste con datos abrumadores, que ya hemos aquí compartido en las comparecencias de los diversos secretarios del actual Gobierno y que en todos lados está que más de 53 millones de pobres, que representan el 43.6 por ciento de la población nacional, porque 7.6% de ellos está en condición de pobreza extrema.
Estos saldos negativos justifican ampliamente un cambio de enfoque, de principios e instrumentos en la búsqueda de dejar atrás la política de paliativos, la política marginal, corporativa, regresiva y excluyente, para adoptar un paradigma que se caracterice por la universalidad, la progresividad y la inclusión.
La nueva Secretaría de Bienestar, tal como se concibe en este proyecto de decreto, es el corazón de un esfuerzo integrador, junto a la Secretaría de Salud y a la de Educación, por ejemplo, para ofrecer horizontes más alentadores a millones de mexicanos que hoy están en el olvido.
Finalmente, deseo referirme a un par de aspectos de la reforma que hoy estamos discutiendo. Muchos han cuestionado la figura de los delegados de programas de desarrollo invocando un presunto problema de centralismo.
Compañeras senadoras, compañeros senadores, no debemos olvidar que estamos hablando de la administración pública federal, que por definición constitucional es centralizada. Y así como no es lo mismo hablar del concepto presidencial y del concepto de presidencialismo, pues no es lo mismo hablar de centralismo y de centralizado. Son dos conceptos totalmente distintos.
Lo que aquí tenemos es un esfuerzo del futuro gobierno, primero, por establecer y garantizar un cumplimiento puntual de los objetivos de sus políticas y programas mediante las figuras de los delegados, de quienes el presidente recibirá información directa sobre el estado que guarda cada uno de los programas, y de las políticas públicas en materia social, aunque estos sean nombrados y dependan de la Secretaría de Bienestar. Pero algo muy importante que no debemos olvidar, se trata de impedir que los filtros y eslabones burocráticos sigan consumiendo recursos que deben beneficiar directamente a la gente. Ese es uno de los grandes objetivos que tiene este nuevo enfoque.
Otro tema es el relativo al fortalecimiento de las funciones de la Oficina de la Presidencia de la Republica. El presidente electo ejerce, como todos lo sabemos, un tipo de liderazgo, que tenemos que reconocer que es un liderazgo excepcional. Es un hombre que sabe comunicar eficientemente su pensamiento, sus ideas y sus acciones.
Por eso es irreprochable su interés como futuro titular del poder ejecutivo, por contar con herramientas legales e institucionales que fortalezcan la difusión de su tarea de gobierno y hagan efectiva su convocatoria para la participación de la ciudadanía en este proceso de transformación.
Concluyo compañeros senadores, compañeras senadoras, invitándolos a votar por este proyecto de reformas, para dotar al nuevo gobierno de los medios y los instrumentos que considera indispensables para su éxito, porque el éxito del gobierno de Andrés Manuel López Obrador será la suerte, no solo de los 30 millones que sufragamos por él, sino la suerte de todo un país que tiene derecho a recuperar su esperanza.
Muchas gracias.
Imelda Castro Castro.
Senadora de la República.
* Intervención de la senadora Imelda Castro Castro a propósito de la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Ciudad de México. Jueves 22 de noviembre de 2018.