Las exportaciones mexicanas hacia los Estados Unidos son un elemento de vital importancia para el funcionamiento de la economía de nuestro país y representan uno de los pilares del crecimiento y del empleo. Valga decir que tan solo al cierre de 2022 el comercio agroalimentario entre México y los Estados Unidos alcanzó los 73 mil 137 millones de dólares.
La fructífera relación comercial entre los dos países ha llevado a múltiples acuerdos y tratados con el fin de que ambas partes puedan satisfacer desde las necesidades más básicas hasta las más sofisticadas, siendo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), firmado en 1994, y el Tratado entre los Estados Unidos de América, los Estados Unidos Mexicanos y Canadá (T-MEC), firmado en 2020, los marcos comerciales más importantes que dan cuenta del interés por la integración de la región norte del continente y del beneficio que el comercio justo y de buena fe ha representado para estas naciones.
En este sentido, desde la firma del TLCAN se decretó la eliminación de diversos aranceles y, a través de negociaciones y análisis, se llegó a acuerdos secundarios para productos específicos. Uno de ellos fue el realizado para el caso del tomate, o jitomate rojo mexicano, para el cual en 1996 se estableció, entre el Departamento de Comercio de los Estados Unidos y exportadores mexicanos de tomate, el Acuerdo de Suspensión de la Investigación Antidumping: Tomates Frescos de México.
Este acuerdo, renovado en los años 2002, 2008, 2013 y 2019, ha permitido que los productores mexicanos de tomate participen de manera ordenada para complementar el mercado durante el invierno y parte de la primavera, pues en estos periodos la demanda es más alta que la capacidad de producción doméstica con la que cuentan los Estados Unidos.
México es actualmente uno de los diez principales productores de tomate en el mundo y el 99.7% de este es exportado a los Estados Unidos. Así pues, el Acuerdo de Suspensión de 2019 fue producto de la recopilación de información y de múltiples auditorías por parte del Departamento de Comercio de los Estados Unidos, orientadas a varios productores de tomate mexicanos, los cuales validaron los estándares requeridos y el acuerdo de 2019 se aprobó en función del marco normativo comercial de los Estados Unidos de América.
En junio de 2023 la Florida Tomato Exchange, organización de productores de tomate del estado de Florida, Estados Unidos, ingresó una solicitud al Departamento de Comercio de ese país para que termine con el mencionado acuerdo y al tomate mexicano se le impongan derechos de importación, alegando que este tiene un precio inferior a los precios de referencia, lo que ocasiona que la industria estadounidense de tomate, principalmente la del estado de Florida, esté siendo afectada.
Esta solicitud es injusta toda vez que en reiteradas ocasiones se ha demostrado lo benéfico que resulta el acuerdo para ambas partes, pues al tratarse de un producto altamente perecedero, la producción mexicana permite suplir la demanda constante del mismo. Es necesario mencionar que el acuerdo es auditado trimestralmente por el Departamento de Comercio de los Estados Unidos y a razón de ello es que ha sido renovado en diversas ocasiones.
Ante la posibilidad de que el acuerdo sea suspendido de manera unilateral, el gobernador del estado de Sinaloa, el Dr. Rubén Rocha Moya, ya comenzó a realizar acciones para impedir que el acuerdo sea cancelado. Recientemente se reunió con el cónsul de los Estados Unidos en Hermosillo para abordar el asunto y ha enviado una carta a la secretaria de Comercio de ese país, Gina M. Riamondo, en la que respetuosamente solicita que en la determinación que haga el Departamento de Comercio sobre el asunto permita que el Acuerdo de Suspensión firmado en 2019 continúe en vigor por el bien de las industrias del tomate fresco de ambos países y de todas las partes afectadas.
Si bien lo anterior deriva de que el estado de Sinaloa es el principal productor de tomate del país, la imposición de aranceles antidumping también afectaría a otros estados productores como San Luis Potosí, Michoacán, Zacatecas y Jalisco. En suma, la cancelación del Acuerdo de Suspensión acarrearía graves problemas económicos para varios estados, dañaría los costos del producto y mermaría los empleos que se producen en el sector.
Por ello la semana pasada el Pleno del Senado de la República se sumó a la solicitud del gobernador de Sinaloa para que continúe en vigor el Acuerdo de Suspensión de 2019 en materia de exportación de tomate mexicano. También se exhortó a la Secretaría de Economía del Gobierno federal para que respalde dicha solicitud en favor de los exportadores mexicanos.
Vamos todos juntos en defensa del tomate mexicano y de nuestros productores, antes de que este tema también se use electoralmente por los políticos norteamericanos en 2024.
—-
Lee el artículo en su publicación original: https://bit.ly/46hx0Jv