Las mujeres han tenido que recorrer un largo camino para poder ocupar posiciones que tradicionalmente estuvieron reservadas para los hombres. El que las mujeres mexicanas alcanzaran la plena ciudadanía y el derecho a voto en 1953 no significó la obtención inmediata de espacios políticos ni el incremento sustantivo de su empoderamiento.

Hasta las pasadas elecciones, solo 9 mujeres habían sido elegidas para gobernadoras en la historia de México. En las elecciones de 2018, de 48 candidaturas a la gubernatura en nueve entidades, únicamente 11 fueron mujeres. En más de 40 años, y hasta la administración pasada, de un total de 236 integrantes de los gabinetes del Gobierno federal, solo 23 mujeres habían ocupado el cargo de secretarias de Estado.

En cuanto al Poder Judicial federal, en el caso del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las mujeres solo representan el 18%; en la Sala Superior del Tribunal Electoral el 28%, y en el Consejo de la Judicatura el 29%. En los estados solo el 38.94% de los jueces y magistrados en los juzgados y tribunales superiores de justicia estatales son mujeres, lo que significa una brecha de 22.13% con respecto al porcentaje de los hombres (Inegi, 2014).

La falta de paridad en la política es algo presente en todo el mundo, incluso en algunos de los países socialmente más avanzados: solo 22 de 193 países tienen a una mujer como cabeza de Estado; en 13 tienen al menos 50% de mujeres en sus gabinetes de gobierno; y solo 3 (Ruanda, Cuba y Emiratos Árabes Unidos) de 193 países tienen 50% de mujeres en el legislativo nacional. México estaría detrás de estos países con 48% de su Poder Legislativo representado por mujeres. De acuerdo con los resultados del INE, el Senado de la República estaría integrado por 63 mujeres, lo que equivale a 49% de los escaños; mientras que en la Cámara de Diputados las mujeres obtuvieron 48.8% de los escaños, es decir, 244 de 500. Con estos resultados, México pasó del lugar decimocuarto al tercer lugar en la paridad entre los senados y del 9 al 4 entre las cámaras de diputados.

La llegada de Andrés Manuel López Obrador significó un parteaguas político pues actualmente 8 de las 17 secretarías de Estado son encabezadas por mujeres, lo que sitúa a México como el sexto país de América con el gabinete más paritario, y se cuenta con la primera secretaria de Gobernación en la historia del país.

En mayo de 2019, el Senado aprobó una reforma constitucional a fin de garantizar el pleno ejercicio de los derechos políticos de las mujeres en México. Con esta reforma, la mitad de los cargos de decisión política en los tres niveles de gobierno, en los tres poderes de la Unión y organismos autónomos serán para mujeres. Se trató del mayor consenso político en la historia reciente del país en materia de paridad de género.

Dicha reforma y el antecedente de la integración del gabinete federal, aún sin obligatoriedad legal, ya tienen los primeros frutos: el reciente resultado electoral ha arrojado 6 nuevas gobernadoras de estados, más la actual jefa de gobierno. Además de la próxima integración paritaria de gabinetes estatales y municipales en las quince entidades donde hubo elecciones locales este año. Incluso hay ya, por primera vez, congresos locales donde las mujeres han rebasado el 50%. Con ello, sin duda México avanzará en la tabla mundial de paridad política con estos nuevos datos. Sin embargo, en este mismo México de la paridad política existen múltiples rezagos de carácter social, laboral, económico, que inciden en la participación política y que representan brechas muy importantes en las que urge trabajar desde lo legislativo y la política pública. La paridad política plena, culturalmente establecida y asimilada será posible si mejoramos las condiciones de vida de las mujeres más vulnerables de México.

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* Colaboración de la senadora Imelda Castro Castro para el Excélsior, publicada el 20 de julio de 2021.

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