Cuando la semana pasada en el Senado de la República usamos el lema “llegó la hora” para referirnos a la regulación de la cannabis, lo hicimos conscientes de que en México el tema venía postergándose demasiado, pero también que nos tomamos el tiempo necesario para analizar con cuidado todas las propuestas para que los usos de esta planta, que han sido tan controvertidos, se insertaran en el marco legal más adecuado para nuestra sociedad.
Desde el ámbito legislativo se promovieron conferencias, talleres y mesas de trabajo con especialistas, activistas y organizaciones civiles. Se estudiaron todas las iniciativas y se lograron consensos destacados entre las fuerzas políticas para que se generara un dictamen inclusivo, cuidadoso y orientado hacia el futuro. Por ello, dicho dictamen incluyó, entre otras cosas, la creación del Instituto para la Regulación y Control del Cannabis, la elevación del gramaje permitido y el énfasis en el uso adulto. Todo esto se realizó pensando que es necesario comenzar a quitar estigmas sobre este asunto y reconocer lo que se ha venido haciendo mal e impulsado con intereses particulares.
El cannabis, más comúnmente conocido como marihuana, ha sido objeto de todo tipo de mitos a lo largo de la historia y sus consumidores y cultivadores han sido juzgados de manera excesiva. Se dice que su prohibición en los Estados Unidos obedeció a intereses monopólicos y que adquirió connotaciones racistas y xenofóbicas. En México su prohibición y criminalización inició desde los tiempos de la Revolución Mexicana y se llevó a cabo porque se consideró que dicha planta fomentaba la pobreza y la delincuencia en las juventudes. Tales prejuicios hoy nos resultan anacrónicos, y todos sabemos que el presente gobierno ha asumido la tarea de combatir la pobreza y la delincuencia de manera estructural, pero el inicio de la regulación también parte del hecho de que el saldo que nos dejó la criminalización en torno al cannabis es negativo y perjudicial.
Para Sinaloa el paso que se ha dado para iniciar la regulación no es una cuestión menor. Por años a este Estado se le ha relacionado con el mundo de las drogas y con el narcotráfico, y la regulación del cannabis abre la oportunidad para quitar esa mancha y también pensar en la futura pacificación. Desde los tiempos de la Operación Cóndor se quiso hacer creer que en Sinaloa el cultivo del cannabis representaba uno de los mayores problemas para la sociedad y con esto se creó una narrativa en la que se necesitaba llevar a cabo una guerra contra las drogas para evitar que los jóvenes se perdieran en los vicios. Diversos estudios han documentado que tal cruzada ocasionó todo tipo de violaciones a los derechos humanos. Hubo asesinatos, desplazados y arrestos, y los más afectados terminaron siendo los más pobres, campesinos que estaban en lo más bajo de la cadena productiva y que no se involucraban con actividades criminales más allá de su trabajo en el campo.
La llamada “guerra contra las drogas” iniciada en el sexenio de Felipe Calderón repitió y amplificó esa cruzada sin fundamento y reforzó en muchas personas los estigmas sobre las drogas, incluido el cannabis, en lugar de atender las causas de raíz de la violencia y el crimen.
Hoy debemos de plantearnos que las drogas son una cuestión de salud y de responsabilidad individual, por eso la vía que se optó en el Senado de la República es la de la descriminalización y la de la regulación paulatina, y no la de una liberalización inmediata y amplia, pues necesitamos contar con los datos necesarios para continuar avanzando por este camino. De igual manera, cabe destacar que la discusión en torno al cannabis que se ha llevado a cabo en la presente legislatura, ha conseguido que se dé relevancia nuevamente al campo mexicano y que se planteen iniciativas para que la regulación contribuya a mejorar los ingresos de los campesinos.
Debemos de tener en cuenta también que va a seguir existiendo un segmento de la sociedad y grupos políticos que se niegan a dar este paso de remover prejuicios del pasado. La oposición señala, por ejemplo, que el cannabis ya se permitía para uso personal, y si bien esto tiene algo de cierto, no logran entender que lo que se busca es dejar atrás las armas y la política punitiva que tanto daño le ha hecho al país. También señalan que en México se consume menos que en otros países y que por tratarse de un grupo reducido no es necesaria su regulación, pero se les olvida que legislamos para todos y todas las mexicanas, sean o no consumidores activos de este tipo de sustancias, y que la regulación que se está proponiendo va a permitir que comencemos a explorar cuestiones como las distintas formas de explotación comercial formal y esquemas de recaudación tributaria que beneficiaría a todo el país.

Aunque falta mucho por hacer y el dictamen todavía tiene que pasar por la Cámara de Diputados, estoy segura de que continuaremos avanzando en la dirección correcta. Por lo pronto, debe de quedar claro para todas y todos que la hora de la regulación y de quitar estigmas ya llegó.

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