CIUDAD DE MÉXICO — “La libertad de expresión y el derecho a la información están bajo asedio en Sinaloa”, advirtió la senadora Imelda Castro Castro al presentar un punto de acuerdo que fue turnado de manera directa para su dictaminación, elevando así a la máxima tribuna del Senado de la República el caso de hackeo planificado y sistemático a portales de medios de comunicación sinaloenses.
Dicho asedio, explicó la vicepresidenta de la Mesa Directiva del Senado, cumple ya diez días, pues fue el 19 de septiembre cuando medios periodísticos de Sinaloa comenzaron a sufrir ataques a sus sitios electrónicos que lograron obstaculizar su difusión de información.
“Espejo, Noroeste, Ríodoce, Línea Directa y Reacción Informativa han reportado en estos días recientes que son objeto de ataques conocidos como de denegación de servicio (DDoS), siendo imposible para ellos identificar el o los responsables de esta agresión”, precisó.
Por ello, la legisladora de Morena por el estado de Sinaloa pidió que el Senado de la República se solidarice con los medios sinaloenses Espejo, Noroeste, Ríodoce, Línea Directa y Reacción Informativa ante los embates electrónicos de los que son víctimas, los cuales son planificados y sistemáticos, así como con la población de Sinaloa que por este asedio ve afectado su derecho a recibir información.
También exhortó a la Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, encabezada por Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, para que de inmediato investigue la procedencia de estos ataques, así como para que ubique, detenga y procese al o los responsables.
El punto de acuerdo incluye un exhorto a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, encabezada Rosario Piedra Ibarra, para que despliegue las medidas de protección de los derechos humanos de las víctimas y realice investigación propia para proteger la libertad de expresión.

Y finalmente, el Senado de la República exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo del estado de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, a tomar las medidas conducentes para garantizar el libre ejercicio de la libertad de expresión y asegurar el derecho ciudadano al acceso a la información.


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