Con su permiso ciudadano Jesús Valdés Palazuelos, ciudadanos secretario y síndica procuradora, compañeros regidores, compañeras regidoras:
El decreto número 189 que hoy nos ocupa, esta pretendida reforma constitucional que deroga los párrafos sexto y séptimo del artículo 37 y modifica las fracciones XXII, párrafo primero y XXII Bis del artículo 43, misma que ha sido votada por la alianza legislativa del PRI y el PAS, representa un caso inédito en el país.
Ha sido calificada por Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Internacional, capítulo México, como un “reflejo de la pérdida total de la función histórica del poder legislativo, detrás de lo cual hay una severa crisis que obliga a poner el foco en una urgente reforma de los congresos locales, porque han perdido su función de contrapeso en el equilibrio de poderes en nuestro sistema republicano”.
Señala Bohórquez que lo de Sinaloa “exhibe la complicidad que hay con el Poder Ejecutivo en turno, pues está claro que si los diputados cumplieran su función de vigilar el gasto público, ¡el país no estaría como está!”. (Entrevista Ríodoce, domingo pasado).
Total razón tiene el Dr. Bohórquez, porque detrás de Javier Duarte hubo un Congreso corrupto que se hizo de la “vista gorda” y hasta fue cómplice, al aprobarle el ejercicio del gasto público, aun cuando había indicios de mal uso de recursos públicos, desde años atrás por las observaciones que había hecho la Auditoría Superior de la Federación, incluso desde 2011, detrás de los 19 exgobernadores que están en la cárcel, andan huyendo o están acusados o señalados; hay congresos corruptos.
En Sinaloa el cinismo es todavía mayor. Porque no sólo aprueban cuentas públicas irregulares, sino que pretenden renunciar a vigilar y fiscalizar, dichas cuentas, en lo sucesivo.
Esa renuncia a una facultad constitucional significa desnaturalizar una de las dos funciones esenciales de uno de los tres poderes que constituyen nuestro sistema de pesos y contrapesos, en el equilibrio de poderes.
Es como, con la función de hacer leyes, cortarse la función de fiscalizar el gasto público. Es no sólo un contrasentido, es un despropósito y una aberración. Es negarse a sí mismo. Es como bien lo dijera, un edil de este Cabildo: es como si un ser humano se cortara un brazo con el otro brazo.
En menos de un año, esta legislatura está a punto de tener, al hilo, tres acciones de inconstitucionalidad en su contra: una de reforma electoral, una segunda por la derogación del artículo 298 del Código Penal que viola el derecho a la libertad de expresión, el derecho a buscar, recibir y difundir información y la obligación del Estado de respetar, proteger y garantizar este derecho, según la Comisión Nacional de Derechos Humanos y esta última, que es la de querer desaparecer la facultad de fiscalización del gasto público del Poder Legislativo.
En el caso que nos ocupa, se trata de una reforma regresiva, anticonstitucional, perversa, mafiosa, porque estimula aún más la corrupción política. Es un contrasentido porque como sabemos, en nuestro sistema de división de poderes, de pesos y contrapesos, el Poder Legislativo tiene la facultad de aprobar un presupuesto cada año y parte de su función es seguir la ruta de cómo se gasta el dinero que es de los contribuyentes, el dinero público.
Los diputados del PRI y el PAS, no quieren que los ciudadanos conozcan la ruta del gasto de los impuestos que pagan; no quieren que sepan “dónde quedó la bolita”.
Actualmente el 60 por ciento del producto del trabajo de los ciudadanos se le entrega al Estado, es decir, el Gobierno exprime al contribuyente con el 60 por ciento del usufructo de su esfuerzo laboral, bajo diversas contribuciones dígase impuestos, derechos, aprovechamientos, etcétera. Todo este dinero se presupuesta y se gasta por el Gobierno, por eso es que el Congreso tiene las facultades de aprobar, vigilar y fiscalizar el gasto del dinero de los ciudadanos, esas son las cuentas públicas, por eso se llaman así.
No son las cuentas de Doña Julia, ni de Doña Irma, ni de ningún otro particular, ¡SON LAS CUENTAS DE TODOS!
Por eso no es público lo secreto, la reserva, lo oscurito, lo opaco. De ahí que todo acto de apropiación privada del sentido de lo público, como es el caso de esta información financiera, es un acto de corrupción.
Es evidente que en la alianza PRIPAS no leen adecuadamente la urgente necesidad de construir puentes y diálogos con los diferentes sectores de la sociedad sinaloense.
No entienden que es la pluralidad la gran riqueza del Sinaloa de hoy.
No les importa que el reto mayor de la política actual sea CONSTRUIR CONFIANZA, no acrecentar la desconfianza ciudadana.
No quieren entender que cada vez más los ciudadanos se están involucrando y ocupando de lo público, ya están vigilando la actuación de sus representantes y estos, no se dan por enterados que entre más intentan privatizar y ocultar lo que es propiedad del público, más se habrá, justamente, de politizar.
Lo público es político por naturaleza, porque es de todos, y estos diputados, entre más deben abrirse por eso, más se cierran a piedra y lodo, imponiendo su visión y acción patrimonialistas y medievales.
Por eso, esta decisión de los 27 diputados es un golpe bajo a los esfuerzos de mejores condiciones de transparencia, acceso a la información pública y exigencia de rendición de cuentas, que vienen realizando diversos colectivos ciudadanos en Sinaloa y que con su buena fe han establecido acuerdos de parlamento abierto con esta legislatura.
Con esta decisión los diputados han marcado un mayor distanciamiento con los ciudadanos organizados y no organizados; han desandado ese corto camino de la buena fe. Todo se rompió. El PRI y el PAS lo saben, por eso “han salido algunos patos a tirarle a las escopetas”. Ellos saben que se excedieron en el éxito de elevar la temperatura del ánimo social o del malhumor social, como dijera el filósofo Peña.
Yo quiero felicitar a esa ciudadanía que resiste, que intenta abrir los muros del Congreso, a la ciudadanía que quiere entrar a un recinto que es de ella; porque allí se están tomando decisiones sobre asuntos públicos, asuntos que tienen que ver con ¡SU DINERO!
Hacen bien los ciudadanos organizados en colectivos y en lo individual, en divulgar estas acciones de los diputados, para que la sociedad CONSTRUYA UNA MAYOR MEMORIA POLÍTICA a la hora de sus intenciones reeleccionistas.
Los invito también a que vayamos sumando cada vez más actores a la vigilancia del gasto público. Esta tendencia no la para nadie.
Es hora de retomar la iniciativa de desaparecer el fuero constitucional para que los representantes y gobernantes sean procesados por sus actos de tradición al mandato encargado.
Por todo lo anterior, me pronuncio porque este Cabildo diga NO a este atentado a la Constitución. Y, de consumarse el agravio, hago votos porque los tres partidos políticos PAN, PRD y MORENA, sean congruentes y soliciten la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para revertir dicho atentado.
¡Muchas gracias!

* Intervención de la regidora Imelda Castro Castro, a propósito del pronunciamiento del Cabildo de Culiacán ante el decreto de reforma a la Constitución de Sinaloa en materia de cuentas públicas.

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>