Con su permiso diputado presidente;

Amigos y amigas de los medios de comunicación;

Ciudadanos y ciudadanas que nos acompañan en este recinto;

Compañeras diputadas, compañeros diputados:

 

Un año después de aprobada la reforma constitucional en materia educativa, al abordar aquí en el Pleno las reformas reglamentarias, alertamos a la sociedad de las consecuencias de la mal llamada reforma educativa, particularmente por sus negativos efectos laborales, dijimos en ese entonces, marzo de 2014, que se desencadenaría la protesta social pues ya en el Estado de México había miles de amparos del magisterio y, justamente, desde entonces a la fecha, dicha reforma ha mantenido movilizado al gremio magisterial en casi todo el país.

 

Los medios de comunicación han dado testimonio de las movilizaciones que se han desarrollado en cuando menos 28 estados del país, aunque ciertamente su oposición más sistemática se ha concentrado en Michoacán, Chiapas, Guerrero y Oaxaca.

 

Desde las últimas jornadas de protesta el 15 de abril pasado, los riesgos de enfrentamientos entre maestros y sus bases de apoyo formadas por padres de familia, contra las fuerzas policiacas estatales y federales dejaron de estar latentes y se convirtieron en una realidad cuando el saldo de las movilizaciones fue de 18 maestros detenidos y una alcaldía incendiada en Chiapas.

 

Los enfrentamientos subieron de nivel el 26 de mayo, cuando de nuevo en Chiapas, la detención de nueve maestros produjo también que 15 elementos policiacos resultaran heridos.

 

Todos estos antecedentes no fueron suficientes para que el Gobierno federal entendiera que solo el diálogo es el camino para evitar riesgos mayores, como la pérdida de vidas humanas. El secretario de Educación había dicho que no habría diálogo si no se aceptaba dicha reforma y que los maestros de Oaxaca son unos criminales.

 

Pero esta política de cerrazón y provocación ha llegado a tener consecuencias fatales este domingo en Nochixtlán, Oaxaca, pues han sido asesinados a manos de la policía federal seis manifestantes, extraoficialmente maestros y civiles, más de 50 personas heridas y 21 más detenidas.

 

La tragedia de Nochixtlán es la muestra final de la incapacidad del Gobierno federal para aceptar que su reforma ya fracasó. Que no ha representado ningún avance concreto digno de ser reconocido por los padres de familia en una sola aula del sistema educativo nacional.

 

Nuño y Peña Nieto creen que con represión, cártel y muerte van a liquidar toda disidencia, como lo muestra no solo el uso excesivo de la fuerza policiaca, la detención de sus dirigentes y las órdenes de aprehensión libradas contra decenas de ellos durante la semana pasada; así como los muertos del pasado domingo negro. Todo lo contrario, nuevamente México se pone en los ojos del mundo por una nueva barbarie. Intelectuales, cientos (ya miles) de personalidades y organizaciones académicas, eclesiales, populares, estudiantiles y de derechos humanos de diferentes partes del mundo y de nuestro país, han expresado su repudio a la masacre de Nochixtlán y han enviado su solidaridad y apoyo a los maestros y padres de familia que hoy defienden su derecho a la educación pública y gratuita y a un trabajo digno.

 

La CNDH el día de ayer ha dictado medidas cautelares para la atención médica a los heridos y para que todo acto de la autoridad se dé en el marco de la ley, los protocolos y estándares internacionales, para recuperar el diálogo entre las partes en conflicto. Protocolos y estándares que han sido vulnerados por la autoridad federal al atacar a los manifestantes con las consecuencias ya conocidas.

 

Responder con violencia a la protesta social es una muestra más de la incompetencia de esta administración. Sin duda este tipo de acciones socavan la democracia y la vida institucional de nuestro país.

 

Desde Sinaloa debemos hacer un llamado a las autoridades federales para que cese la violencia y se atiendan los protocolos de derechos humanos para el control del desbordamiento de manifestaciones.

 

Debemos exigir que la Secretaría de Gobernación abra el diálogo correspondiente con los profesores a fin de encontrar una salida a este conflicto que lacera la gobernabilidad, tanto en el estado como en el resto del país y que vulnerabiliza a la población civil, más allá de sus filiaciones políticas y sindicales.

 

Frente a los lamentables hechos ocurridos este domingo en Oaxaca, este Congreso debería sumarse a la condena nacional, con el siguiente punto de acuerdo que de obvia y urgente resolución en términos de la los artículos 214 al 217, que someto a su consideración:

 

“El Congreso del Estado de Sinaloa, condena de manera enérgica el menoscabo de las constitucionales libertades de reunión y asociación con eventos violentos como los ocurridos el domingo 19 de junio en el estado de Oaxaca, donde la Policía Federal utilizó la fuerza y las armas de fuego para distender un bloqueo magisterial, en virtud de que tal acción representa abuso de autoridad y violación a los derechos humanos de las personas; razones por las que se suma a la exigencia nacional de un cese a la violencia y que se ejerza justicia para deslindar de probables responsabilidades a los elementos de la Policía Federal señalados por cometer abusos y hacer uso de armas automáticas en contra de los manifestantes, convocando además al Gobierno federal y a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación al inicio de un proceso de diálogo que garantice los derechos laborales y el mejoramiento de la educación pública nacional”.

 

Es cuanto diputado presidente.

 

Imelda Castro Castro

 

* Intervención de la diputada Imelda Castro Castro con motivo de la represión y muerte de maestros en Oaxaca. Sesión pública ordinaria del martes 21 de junio de 2016.

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