20160112TribuContenciosoBlog

 

Con su permiso diputado presidente;

Amigas y amigos de los medios de comunicación;

Compañeras diputadas, compañeros diputados;

 

De acuerdo con el artículo tercero de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Sinaloa, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo conoce y resuelve las controversias relacionadas con la legalidad, interpretación, cumplimiento y efectos de actos, procedimientos y resoluciones de naturaleza administrativa y fiscal, que emitan, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades estatales y municipales, sus organismos descentralizados o cualquier persona o institución que funja como autoridad y cuya actuación afecte la esfera jurídica de los particulares.

Este Tribunal, según la ley, está integrado por seis magistrados y magistradas, nombrados por este Congreso de una terna propuesta por el mismo Tribunal, desde septiembre del 2011, cuando mediante el decreto número 110, la Legislatura anterior le retiró al gobernador la capacidad de su designación virtual, lo que le aseguraba un tribunal a modo.

Pero aunque son seis, quienes ejercen el poder son solo tres y de los tres solo uno quien lo concentra, nombrado por ellos mismos en una definida Sala Superior, para que ocupe la Presidencia del Tribunal por un periodo de dos años.

El presidente tiene entre sus facultades las de autorizar licencias hasta por quince días a los servidores del Tribunal, con o sin goce de sueldo y la de proponer y ejercer el presupuesto del Tribunal, aprobado por dos de sus compañeros de la Sala Superior, lo que evidencia una enorme capacidad de decisión y discrecionalidad en el ejercicio del gasto. El presupuesto del Tribunal ha pasado de 25 a 36 millones de pesos en los últimos cinco años.

Entre los requisitos para el nombramiento de magistrados, figura el de ser de notoria buena conducta, una condición que tiene que ver con su comportamiento, costumbres o hábitos y que ciertamente puede ser un parámetro inferior al requisito de gozar de buena reputación, entendida esta como prestigio, fama o renombre que la ley exige a secretarios y actuarios.

Los tres magistrados de la Sala Superior tienen la obligación de resolver sus asuntos por unanimidad, o en su caso, por mayoría de votos. Pero, compañeras diputadas, compañeros diputados, este consenso mínimo para asegurar la defensa de los derechos e intereses de la ciudadanía se ha visto afectado por actos administrativos ilegales de la esfera pública, dicha obligación de consenso o mayoría fue fracturada desde el seis de enero cuando una magistrada, de esos tres que integran la Sala Superior, como ya hemos comentado, acusó a sus partes, es decir, a los otros dos, de un comportamiento inapropiado y de dilapidar los recursos públicos del Tribunal.

El enfrentamiento público de quienes integran la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, compañeras diputadas, compañeros diputados, no es un asunto menor, aun cuando se quiera interpretar como un desencuentro producto de aspiraciones personales legítimas no satisfechas y no solo por el cuestionado decoro o el señalamiento de presunto despilfarro, hecho este último que debería de ser suficiente para la intervención inmediata de este Congreso.

Es cierto, compañeras diputadas, compañeros diputados, que el solo escándalo público trastoca el buen funcionamiento y responsabilidades del Tribunal, cuando para comenzar, sus propios involucrados, es decir, la Sala Superior que integran, tiene irónicamente la facultad de dictar las medidas que exijan la disciplina y el buen funcionamiento del órgano, imponiendo en su caso las sanciones administrativas que procedan. Es decir, esa es su función y justamente es lo que está en cuestión por una de las integrantes de esta Sala Superior.

Dejar pasar el escándalo público, compañeros diputados, compañeras diputadas, es inadmisible, principalmente en virtud de las reformas constituciones federales en materia de combate a la corrupción publicadas desde el 27 de mayo del año pasado, mismas que aunque ciertamente todavía no aterrizan con las reformas reglamentarias en el Congreso de la Unión, exigen de tribunales de justicia administrativa a la altura de las circunstancias, para enfrentar el estigma del corrupto servicio público.

Por un lado, esas reformas constitucionales le brindan a los tribunales de justicia administrativa, o le van a brindar, la responsabilidad de imponer sanciones económicas e inhabilitación para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas a particulares y por otro, a sancionar a los servidores públicos por responsabilidades administrativas graves, así como fincar a los responsables el pago de indemnizaciones por daños o perjuicios a la hacienda pública.

Está claro entonces, compañeras diputadas, compañeros diputados, en consecuencia, que de ser ciertas las acusaciones, la dirección de un tribunal en las condiciones como las que se señalan en Sinaloa, no le sirve al Sistema Anticorrupción que las reformas constitucionales crean y aunque si bien sus propias disposiciones transitorias prevén que los magistrados de los tribunales contenciosos en los estados conservarán sus cargos exclusivamente por el tiempo que fueron nombrados, ello no obsta para que en este Congreso se inicie y se informe a la sociedad sinaloense de una investigación específica sobre las acusaciones públicamente vertidas.

En ese sentido, le pido compañero presidente de este Congreso, compañero diputado Francisco Solano, presidente de la Mesa Directiva, que en términos de sus facultades previstas en el artículo 42, fracción XI de nuestra Ley Orgánica, nombre aquí y ahora una Comisión Plural que investigue e informe al Pleno la veracidad de los señalamientos públicos hechos el pasado 6 de enero por la magistrada Lucila Ayala de Moreschi, particularmente relacionados con el uso de los recursos públicos en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Ello, compañeros diputados, compañeras diputadas, lo hacemos por dos razones.

Primero, porque es una función sustancial, constitucional de este Congreso, la revisión, la fiscalización de los recursos públicos que ejercen todos los órganos del Gobierno y todos los órganos autónomos, tribunales, etcétera, y porque también diputado presidente, en la sesión pasada, ejerciendo esas facultades a las que estoy haciendo alusión, se formó también una Comisión Plural en el tema de vialidad. Creo que en ese ejercicio es congruente la solicitud que le estamos haciendo en este momento diputado presidente.

 

Es cuanto.

 

* Intervención de la diputada Imelda Castro Castro sobre la actual situación del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Sinaloa, durante la sesión pública ordinaria de la LXI Legislatura del H. Congreso del Estado de Sinaloa. Martes 12 de enero de 2016.

 

Mira la intervención por Periscope:

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