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Con su permiso diputado presidente;
Amigas y amigos de los medios de comunicación;
Ciudadanos y ciudadanas que nos acompañan en este reciento;
Compañeras diputadas, compañeros diputados:

Mediante decreto publicado el 8 de julio de 2011, la anterior legislatura reformó la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa para obligar al auditor superior a comparecer ante comisiones y ante el Pleno cada dos años y permitirle al Congreso una evaluación de su desempeño, de las acciones y programas emprendidos, así como de los resultados de las auditorías practicadas.
Aunque se trataría de una disposición vigente hace cuatro años, debe señalarse que desde que se creó la Auditoría Superior del Estado, por efectos de su ley vigente, por su parte, desde abril de 2008, las valoraciones del desempeño del órgano fiscalizador han permanecido ausentes, no obstante la potestad exclusiva que en materia de revisión y fiscalización el artículo 43 de la Constitución local le brinda al Congreso del Estado.
No es fortuito que hasta hoy se haya omitido esa valoración institucional. Las razones seguramente se encuentran en el control político que, acompañado de la discrecionalidad, se incorporaron en las disposiciones transitorias de la reforma que produjo la 60 legislatura.
Compañeros diputados, compañeras diputadas, según el artículo tercero transitorio, sería la Junta de Coordinación Política la que citaría a comparecer ante comisiones al auditor superior del Estado en un plazo no mayor a quince días naturales posteriores al inicio de la vigencia de la reforma que hemos estado comentando, y de ello ya pasaron 4 años.
Ningún citatorio para la comparecencia del auditor hizo la Junta de Coordinación Política de la 60 legislatura que estaba obligada por efecto de esa discrecional y secretista disposición transitoria de la reforma del 2011, pero tampoco lo hemos hecho con la actual Junta de Coordinación Política de esta 61 Legislatura, y ello, compañeros diputados, compañeras diputadas, debemos de reconocer que ha retrasado los avances en materia de transparencia y rendición de cuentas en el estado de Sinaloa.
Debe señalarse que las Comisiones Unidas de Fiscalización y de Puntos Constitucionales y Gobernación, valoraron en aquel entonces la incorporación de la obligada comparecencia del auditor, porque, cito textual: “Se sustenta la efectividad de la rendición de cuentas, se evita que la administración pública se convierta en un sistema cerrado de operación, y se pone énfasis en la calidad de la gestión pública y que en caso de presentar irregularidad, puede dar lugar a fincar responsabilidades y hasta solicitar en su caso obviamente la remoción del auditor, en los términos y bajo el procedimiento establecido en la ley de la materia”. Hasta ahí las comillas.
Fíjense nomás el gran poder que se tiene en esta posibilidad que está en la ley el que comparezca, elque asista el auditor superior del Estado a este Pleno.
Como puede verse, compañeras diputadas, compañeros diputados, la confusión que ha derivado en el incumplimiento de la ley, desde su reforma en el 2011, no solo resulta desafortunada para su propio propósito, sino para el seguimiento a las acciones de fiscalización, desde diversos sectores de la sociedad que expresan su exigencia a este Congreso y a la Auditoria Superior del Estado para que se garantice y se dé certidumbre del buen uso, honesto, eficaz y pertinente de los recursos públicos y una adecuada, transparente y clara rendición de cuentas.
En un documento que ya es del dominio público y se ha hecho llegar a los integrantes de la Comisión de Fiscalización, organismos como la Coparmex, el Parlamento Ciudadano de Sinaloa, la Asociación de Mujeres Ejecutivas, Canirac, la Asociación Sinaloense de Universitarias, la Asociación Regional de Contadores Publicos, el Colegio Culiacán y el Centro Vivo Culiacán, A.C., señalan dudas e inquietudes en torno a la revisión y dictamen de las cuentas públicas de Gobierno del Estado y de los municipios y en general en torno al manejo de los recursos públicos por todos los entes, es decir, por todas las autoridades.
Aseguran que sus dudas e inquietudes no se han podido subsanar porque, si bien por un lado ha sido posible reunirse y dialogar sobre ello con personal y el titular de la Auditoría Superior del Estado, la información de cuenta pública está sujeta a criterios de opacidad y a un acuerdo de reserva de julio de 2012 que limita su conocimiento a detalle y por otro, porque —critican ellos— es hora que la Comisión de Fiscalización del Congreso no brinda la información formalmente solicitada y que por escrito desde el 27 de agosto, no se ha respondido a la solicitud de una reunión de trabajo con todas estas organizaciones sociales de profesionaistas y empresariales.
Estos organismos piden la derogación del acuerdo de reserve, así como la publicación de los informes de revisión de cuenta pública de manera simultánea a su entrega a Comisión de Fiscalización, conocer criterios para la revisión y aprobación de cuentas públicas, de información relacionada con denuncias derivadas de las acciones de revisión de las cuentas públicas y de las cuales por cierto, no solo la sociedad, sino nosotros mismos como diputados, e incluso diputados y diputadas integrantes de la Comisión desconocemos, y están ahí aparentemente acumuladas en la Procuraduría de Justicia desde cinco años sin que se haya aportado hasta ahora ningún resultado.
Cuando por la falta de respuesta a sus dudas se ha provocado que estos organismos acudan ya a la Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa y también acudieron a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sinaloa para las medidas de apremio que legalmente haya lugar contra el Congreso y la Auditoría, resulta obvio, pertinente y necesario que adoptemos compañeras diputadas, compañeros diputados, los puntos de acuerdo que voy a leer en seguida, pero antes les digo algo, ya lo dijimos aquí en tribuna: fíjense ustedes, que cuando el auditor superior de la Federación va en camino a la reunion con la Comisión para entregar las cuentas públicas, el equipo técnico de su oficina ya está subiendo las cuentas públicas a la página, no solo de la Auditoría Superior de la Federación, sino a la página de la Cámara de Diputados, y aquí no compañeros diputados, compañeras diputadas. Aquí hasta se enojan porque a veces se filtra alguna información de las cuentas públicas que es una información pública, propiedad del ciudadano, no es de nosotros.
Por eso, compañeras diputadas, compañeros diputados, me permito leer las dos propuestas de punto de acuerdo:
Primero. La LXI legislatura en atención al principio de máxima publicidad, al que cualquier órgano público está obligado de conformidad con el artículo Sexto Constitucional, deja sin efecto el acuerdo que clasifica como reservada la información del Congreso y de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, celebrado el 31 de julio del 2012 por la LX Legislatura y dispone la publicación desclasificada y subsiguiente relacionada con la materia, en la página electrónica del Congreso del Estado de Sinaloa.
Segunda solicitud de punto de acuerdo: La LXI legislatura, en cumplimiento a los propósitos de la reforma al artículo 19 de Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial número 81 del 8 de julio de 2011, cita al Auditor Superior del Estado a comparecer ante el Pleno del Congreso el miércoles 4 de noviembre a las 11 horas, a efecto de que en términos del artículo 30 de la citada ley, la Comisión de Fiscalización, en el ejercicio de sus funciones, elabore el dictamen correspondiente a la evaluación del desempeño, de las acciones y programas, así como de los resultados de las auditorías practicadas, bajo la gestión del Auditor Superior del Estado de Sinaloa.
Es cuanto diputado presidente.

Dip. Imelda Castro Castro

* Intervención de la diputada Imelda Castro Castro, solicitando un Punto de Acuerdo para que asista al Pleno el auditor superior del Estado y para echar abajo la reserva de información en materia de cuentas públicas.

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