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Con su permiso diputada presidenta:
Amigos y amigas de los medios de comunicación:
Ciudadanos que nos acompañan:
Compañeras diputadas, compañeros diputados:

Desde el 10 de junio de 2011, todos los tratados internacionales en materia de derechos de humanos de los que México es parte, tienen en nuestro país el rango jurídico superior.
Por efectos de la reforma constitucional publicada ese día en el Diario Oficial de las Federación, todas, absolutamente todas las autoridades de la Federación, el Estado y los municipios, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.
Dicho régimen internacional de los derechos humanos fue pasado por alto por el Poder Judicial, la Procuraduría de Justicia y la Policía Ministerial, cuando solo por una negligencia sorprendente, el proceso penal 72/2013 abierto en el Juzgado de Primera Instancia del Ramo Penal de Guasave, derivado de la averiguación previa 486/2012, produjo la detención de la joven Said Valenzuela Apodaca de la comunidad de Gabriel Leyva Solano, acusada del delito de aborto el 9 de octubre pasado.
Los derechos humanos en el país no solo no pueden restringirse, ni suspenderse, sino que además deben favorecer en todo tiempo y de la forma más amplia la protección de las personas.
Desde la Recomendación General número 24, sobre la Mujer y la Salud emitida en 1999 por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres, creado para la supervisión de la aplicación de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación en las Mujeres, que evidenció que “el acceso de la mujer a una adecuada atención médica tropieza, entre otros obstáculos, con las leyes que penalizan ciertas intervenciones médicas que afectan exclusivamente a la mujer y castigan a las mujeres que se someten a dichas intervenciones”, recomendó enmendar, compañeras diputadas, compañeros diputados, recomendó enmendar la legislación que castiga el aborto a fin de abolir las medidas punitivas impuestas a las mujeres.
También, desde 1988, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, pidió al Gobierno federal “evaluar, revisar la legislación que penaliza el aborto” y recomendó “que todos los estados de México revisen su legislación a modo de que, cuando proceda, se garantice el acceso rápido y fácil de las mujeres al aborto”. Estoy citando entrecomilladamente esta recomendación del alto comisionado de las Naciones Unidas de los Derechos Humanos.
Pero aparte compañeras diputadas, compañeros diputados, desde 2006, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, pidió ampliar la cobertura de los servicios de salud, en particular la atención de la salud reproductiva y entre otras, también entrecomillado, “armonizar la legislación relativa al aborto en los niveles federal y estatal”. Termina ahí las comillas.
Se recomendó a México además, aplicar una estrategia que incluyera el acceso efectivo a servicios de aborto seguro en las circunstancias previstas en la ley, y a una amplia variedad de métodos anticonceptivos, incluidos los anticonceptivos de emergencia, medidas de concienciación sobre los riesgos de los abortos realizados en condiciones peligrosas y también recomendó realizar campañas nacionales de sensibilización sobre los derechos humanos de la mujer, dirigidas en particular al personal sanitario y también al público en general.
Un informe del Grupo de Información en Reproducción Elegida, llamado GIRE, dedicado a la defensa y promoción de los derechos reproductivos de las mujeres en el marco de los derechos humanos, elaborado con información estadística del periodo de abril de 2007 a enero de 2013, ha señalado en México que la legislación punitiva en materia de aborto y la falta de acceso aun en las causales legales, orilla a que muchas mujeres recurran a abortos clandestinos que ponen en riesgo su salud y su vida. Se calcula que la tasa de abortos inducidos en 2009 fue de 38 por cada mil mujeres entre 15 y 44 años, lo que se traduce en números totales en un millón 25 mil 669 abortos inducidos.
Ello implica, según revela este estudio, que los abortos inducidos en México han aumentado de poco más de 500 mil estimados en 1990 a 874 mil en 2006, con una tasa que subió de 25 a 38 abortos por cada mil mujeres en edad reproductiva, para ubicar a nuestro país entre las tasas más altas del mundo. Ese es un dato compañeras diputadas, compañeros diputados, muy importante que nosotros como Poder Legislativo tenemos que revisar y reflexionar.
Compañeros diputados, compañeras diputadas. Todas las anteriores, son algunas de las consideraciones contenidas en una iniciativa de reformas al Código Penal para el Estado de Sinaloa y de adiciones a la Ley de Salud del Estado de Sinaloa que he presentado, para que en términos del derecho internacional y las reformas constitucionales en materia de derechos humanos, se deje en Sinaloa de criminalizar a la mujer, en el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos y también para incorporar un capítulo bis a la Ley de Salud del Estado de Sinaloa para prever la prestación de servicios de salud sexual y reproductiva en el estado de Sinaloa.
Quiero también, finalmente, agregar compañeras diputadas, compañeros diputados, que esta es una iniciativa que armoniza también disposiciones en el Código Familiar, ya que resulta un contrasentido que mientras este precisa el carácter exclusivamente íntimo de la vida sexual de las personas y dedica todo un capítulo a la reproducción que puede ser incluso a cambio de un pago, el Código Penal en cambio persigue a las mujeres por negarse a mantener su embarazo.
Nuestra iniciativa, compañeras diputadas, compañeros diputados, es coherente, como ya lo hemos comentado anteriormente, con instrumentos internacionales sobre derechos humanos y específicos de la mujer, como por ejemplo la Declaración Universal de los Derechos Humanos que viene desde 1948; la Declaración y Programa de Acción de Viena, del 93; el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y Desarrollo de 1994; la Plataforma de Acción de Beijing de 1995; la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, de 1979; el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, de 1994. Todos ellos, compañeros diputados, compañeras diputadas, están en conformidad con el artículo primero Constitucional, pues son parte del régimen de derechos humanos en México. Tal y como iniciamos esta intervención.
Esto quedó totalmente claro desde la gran reforma de derechos humanos que se hizo en este país en 2011 y en donde por cierto Sinaloa fue pionero, Sinaloa se adelantó en esta materia de los derechos humanos. El gran problema de este Poder Legislativo en todas las legislaturas posteriores a ese año, o más bien desde antes del 2011, pues no hemos sido capaces de aterrizar esos derechos humanos que están en la Constitución local de Sinaloa, por eso yo de veras compañeras diputadas, compañeros diputados, los invito a que no se congele esa iniciativa, a que seamos capaces de generar una reflexión y podamos en este año que nos queda, avanzar en esta agenda de los derechos humanos en donde tenemos en la congeladora varias iniciativas que sería de verdad de mucha trascendencia que abriéramos nosotros una discusión, un debate, y una disposición política, una concertación política para que Sinaloa pueda cambiar su rostro.
Particularmente hemos dicho que no debemos de permitir ni un caso más como el caso de Said Valenzuela en el municipio de Guasave.
Es cuanto diputada presidenta.

* Intervención de la diputada Imelda Castro Castro a propósito de la presentación de la Iniciativa de Reforma para la Despenalización del Aborto, durante la sesión pública ordinaria del jueves 22 de octubre de 2015.

  1. Natalia says:

    Muy buena iniciativa, me entere por la página de Twitter de GIRE, y como soy de Culiacán me interesa mucho apoyar esta iniciativa, además me encantaría que hablara en mi universidad al respecto. Estudio en la UAS en la Facultad de Estudios Int y Políticas Públicas, soy parte de la Sociedad de Alumnos, y si gusta ponerse en contacto conmigo aquí le dejo mi correo. Gracias. Igual la contacte por Twitter.

    nataliagomezlopez@live.com

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