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Con su permiso diputada presidenta;
Compañeros diputados y compañeras diputadas;
Ciudadanos que nos acompañan en este recinto;
Amigos y amigas de los medios de comunicación:

Quienes integramos el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática votaremos a favor del presente dictamen de Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, en lo general.
Con este dictamen se atiende en su mayoría la armonización generada por la reforma político electoral y la nueva legislación general dispuestas por el Congreso federal, que el 14 de mayo pasado derivó en el ámbito de nuestra competencia con la aprobación de sus consecuentes reformas, adiciones y derogaciones a diversas disposiciones de la Constitución Política de nuestro estado en materia electoral.
En este sentido, es oportuno reconocer que como efectivamente lo señala el dictamen, en su mayoría, se trata de planteamientos que coinciden en armonizar las normas locales electorales con la legislación federal y en atención a la necesidad de atender la evolución de los derechos político electorales.
Sin ninguna duda, compañeras diputadas, compañeros diputados, uno de los aspectos más trascendentes de esta nueva legislación tiene que ver con el cumplimiento de una demanda histórica de recuperar el valor del voto, donde un ciudadano del más pequeño y remoto de los municipios cuente igual. Esta lucha ciudadana y de la oposición al PRI, hoy comienza a verse cumplida: la demarcación territorial de los distritos electorales de conformidad con las disposiciones de la Carta Magna, que deberá ser dispuesta por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral y atendiendo criterios poblacionales, lo que deberá ser cubierto antes del inicio formal del próximo proceso electoral.
Otro más es el derivado de la reciente aprobación de la reforma constitucional local en materia electoral, por el que hoy se reglamenta la paridad de género en la postulación de las candidaturas a diputados al Congreso del Estado, presidentes municipales, regidores, síndicos procuradores en los ayuntamientos, tanto en el sistema de mayoría relativa, como en el principio de representación proporcional.
Mención especial merece el capítulo relacionado con las candidaturas independientes, compuesto por seis capítulos, donde dicho apartado dispone las normas generales y específicas y entre otras disposiciones, establece las reglas para la postulación y las relativas a sus campañas políticas.
Ciertamente, en materia de candidaturas independientes se incorporan además las novedosas valoraciones jurisdiccionales producidas en el proceso electoral del 7 de junio no solo en relación a los aspectos relacionados con los requisitos para su registro, sino también con respecto a la no aplicación del principio de prevalencia del financiamiento público sobre el privado, lo que a juicio del Tribunal Federal Electoral, propiciaría una mayor equidad en la competencia política, pues coloca a todo candidato, sea este de partido o independiente en igualdad de condiciones en esta materia. La atención, por esta legislatura a esta novedosa jurisprudencia, establece que el autofinanciamiento privado, como ya se leyó aquí en conjunto con el público no podrá rebasar los topes de campaña, lo que supone un reto extraordinario en materia de fiscalización.
En su momento, compañeras diputadas y diputados, discutiremos los temas que no fueron incorporados y sobre los cuales también ha habido diversas sentencias en los tribunales. Temas como la prohibición del militante para que sea candidato independiente, será un candado que seguramente los aspirantes a candidatos independientes habrán de romper a golpe de juicios, igualmente en lo que se refiere a los tiempos para el periodo de recabado de firmas.
Finalmente celebramos la pertinencia de incluir en el apartado relacionado con el régimen de sanciones que los recursos que se recauden con motivo de las multas que imponga el órgano local electoral se destinen de manera directa al Instituto de Apoyo a la Investigación e Innovación del Estado de Sinaloa, para el impulso de la ciencia y la tecnología.
En este sentido, es importante anotar que en materia de multas, en el caso de que los partidos no las cubran en los plazos previstos, los montos serán reducidos en la inmediata ministración y canalizados al propósito ya señalado.
Resulta importante destacar que con esta nueva ley que hoy se dictamina, y luego que también aprobemos la Ley Estatal de Sistemas de Medios de Impugnación se iniciará el proceso electivo local, toda vez que por efecto de esta misma norma, aunque resulta por única ocasión, el Congreso del Estado se obliga a convocar a elecciones en tres meses y medio más, es decir, en la segunda quincena de octubre, a fin de estar en condiciones de celebrar la jornada electoral el primer domingo de junio del próximo año.
Lamentablemente compañeras diputadas y diputados, nosotros lamentamos enormemente que el PRI y parte del PAN respalden la inequidad en materia de financiamiento público, que violenten el artículo 41 de la Constitución y lo correspondiente a la Ley General. Es inadmisible para el Grupo Parlamentario del PRD que solo se armonice lo que al PRI le conviene, y se deje de lado la ley a la hora de distribuir el dinero en el ámbito electoral, piensan que con quedarse con la mayor parte de los recursos públicos, de manera ilegítima, van a evitar perder la gubernatura y la alcaldía de Culiacán, entre otras. Pero repito, volveremos sobre el tema en la discusión en lo particular.
Es cuanto, diputada presidenta.

* Intervención de la diputada Imelda Castro Castro con motivo de la aprobación de la nueva Ley Electoral para el estado de Sinaloa. Sesión del martes 30 de junio de 2015.

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