Con su permiso diputada presidenta;
Compañeras diputadas, compañeros diputados;
Amigas y amigos de los medios de comunicación:

La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, el Centro de Monitoreo del Desplazamiento Interno y la organización Human Rights, entre otras, solicitaron la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que exigiera al Estado mexicano la protección de la seguridad y la vida a 421 personas desplazadas por la violencia en el municipio de Choix, así como la de sus representantes.
Los grupos defensores de derechos humanos hicieron ver al órgano de derechos humanos de la Organización de Estados Americanos que desde septiembre de 2011 y durante todo el año de 2012, las familias originarias de Choix en la Sierra Madre Occidental, habrían sido objeto de múltiples delitos cometidos presuntamente por la delincuencia organizada, entre otros, homicidios, desapariciones, reclutamiento forzado, amenazas, robos, saqueo e incineración de propiedades, principalmente sus casas.
Según la información hecha llegar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dos personas que habrían asumido un rol de liderazgo trabajando como defensoras de los derechos humanos, exigiendo justicia y asistencia para las comunidades desplazadas habrían recibido amenazas de muerte y estarían siendo objeto de presuntos actos de hostigamiento, entre los cuales habrían participado grupos ilegales de la zona.
Con base a dicha información, el 27 de abril de este año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó el Gobierno de México adoptar las medidas necesarias para garantizar la vida y la seguridad de los representantes de las personas desplazadas por la violencia en el municipio de Choix.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos le pide al Gobierno de México y al Gobierno de Sinaloa, informe de la adopción de dichas medidas.
Es de hacerse notar que la petición a los gobiernos del país y de Sinaloa se acompaña de la información de los grupos defensores de derechos humanos, según la cual, el Sistema Nacional de Seguridad Pública se refiera a Sinaloa como el segundo estado con mayor incidencia de homicidios y de que el Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas, el Gobierno sinaloense tendría acumuladas 1,569 averiguaciones previas relacionadas con desapariciones de 2007 a la fecha, además de que las personas desplazadas por la violencia sumarían cinco mil personas que habitaban 65 comunidades de siete municipios de nuestro estado.
En tales circunstancias, se agrega, a inicios del 2012, aproximadamente 800 familias habrían sido presuntamente forzadas a desplazarse para asentarse en los municipios de Choix, Salvador Alvarado y Culiacán y que una vez asentadas habrían solicitado a múltiples autoridades respuestas adecuadas, pero por el contrario, la búsqueda de mejorar sus condiciones les habría generado reacciones y amenazas.
Compañeras diputadas, compañeros diputados: sobre el caso, el primero de mayo la Comisión Nacional de Derechos Humanos solicitó a la Secretaría de Gobernación y al Gobierno de Sinaloa tomar todas las medidas posibles para evitar daños irreparables a la vida, integridad personal, seguridad física de dos defensoras de derechos humanos en el municipio de Choix.
No obstante la petición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se remite a un antecedente brindado por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A. C., relacionado con el asesinato ocurrido el 22 de mayo de 2014 de Ramón Corrales Vega, ex presidente del Comisariado Ejidal del Cajón de Cancio, en el municipio de Choix, y defensor de los derechos humanos, cuyo padre y hermano, denuncia, fueron igualmente privados de la vida.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos hace suya la expresión de la Comisión Mexicana en el sentido de que “la situación de violencia e inseguridad, así como la pugna por el control territorial expresada en los enfrentamientos entre los grupos armados, que ha afectado al estado de Sinaloa, está generando justamente el desplazamiento interno forzado de miles y miles de personas.
Compañeras diputadas, compañeros diputados, el derecho a la vida, a la alimentación, a la vivienda, a la seguridad humana, son derechos humanos. Derechos humanos que en Sinaloa no se están respetando, por eso es muy oportuno el planteamiento de nuestra compañera Sylvia Myriam Chávez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos para que respaldemos todos esta propuesta que ella está haciendo. Lo que aquí yo he hecho en este pequeño recuento es solamente compartir con ustedes el caso del municipio de Choix y cómo este problema ya está en los organismos internacionales de derechos humanos, que están mandatándole al Gobierno mexicano y al Gobierno de Sinaloa a que atienda estos derechos humanos y esto sí, compañeros diputados, compañeras diputadas, que son los multidesplazados, porque son los desplazados de sus lugares de origen, vienen a las cabeceras municipales, luego se desplazan hacia el Tercer Piso del Gobierno del Estado, después se tienen que ir a la Ciudad de México a buscar a que se les apoye en la Comisión Nacional de Derechos Humanos y luego tienen que ir a otros países a entrevistarse con organismos internacionales de derechos humanos para que se les atienda.
Por eso compañeras diputadas y diputados, nosotros como Grupo Parlamentario del PRD, con todo el dolor que causan estas cosas, pero saludamos estas resoluciones internacionales de obligar al Estado mexicano, dígase Gobierno federal y Gobierno del Estado, a que se atiendan estas necesidades y ojalá y de veras ahora con este punto de acuerdo que aprobemos y espero que aprobemos todos, podamos por fin abrir con el Gobierno del Estado y sus diferentes dependencias una mesa de trabajo para atender este problema, donde por cierto, tienen ellos en la Secretaría de Seguridad Pública y en la Secretaría de Desarrollo Social, desde hace varios años tienen todo un directorio, tienen un mapeo muy claro del origen de los desplazamientos y el destino de los desplazamientos. Tienen hasta los nombres de los niños, de las niñas, de las familias completas, pero no han hecho absolutamente nada y hoy, una vergüenza social hace que para nosotros debe ser una gran vergüenza social y política que esta gente tenga que recurrir a los organismos internacionales de derechos humanos.
Es cuanto diputada presidenta.

* Intervención de la diputada Imelda Castro Castro con motivo de los desplazados por violencia en el estado de Sinaloa. Sesión pública ordinaria del jueves 7 de mayo de 2015.

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