21042015IngenioLMDSC04790

Con su permiso diputada presidenta;
Compañeras y compañeros diputados;
Amigos y amigas de los medios de comunicación;
Ciudadanos que nos acompañan en este recinto:

A pesar de que la formalidad indicaría que el tema de la crisis terminal que enfrenta la Compañía Azucarera de Los Mochis, S.A. de C.V. es un asunto entre particulares, lo real es que se trata, no solo del sacrificio de una agroindustria que generó una derrama económica multiplicadora de desarrollo local y regional, además de ser, durante décadas, una fuente de ingreso para miles de familias de empleados, productores de caña, jornaleros, obreros y proveedores de servicios del municipio de Ahome y el norte de Sinaloa.
El tema que aquí estamos tratando es un asunto de interés público, no solo por las deudas acumuladas, sino por la inyección de dinero público que el actual Gobierno del Estado ha aplicado a dicha empresa “particular”, sino por la incursión directa de funcionarios públicos de este Gobierno y el uso y manejo de las instancias que imparten justicia laboral en el estado.
Desde inicios del 2013, a decenas de empleados de confianza y cientos de obreros se les retuvo el pago de salarios. Ante ello, el titular del Gobierno del Estado de Sinaloa anunció que destinaría 100 millones de pesos para “solventar” la condición crítica que desde atrás venía enfrentando el Ingenio Azucarero de Los Mochis.
Se supone que el dinero sería canalizado prioritariamente a cubrir el pago de salarios atrasados que la compañía tenía con obreros y empleados de confianza.
En 2014, en una acción directa, el Gobierno, para cubrir el adeudo de los 100 millones de pesos, se adjudicó terrenos que pertenecían a la compañía, incluyendo algunas áreas que estaban destinadas a ser avenidas y calles.
A fines del 2014, después de analizarse en el Gobierno estatal la compleja condición económica del Ingenio de Los Mochis, que se fue agravando por la acumulación de adeudos, sin seguir un proceso formal de declaratoria de quiebra y/o un concurso mercantil, se concluyó por parte de las autoridades del Estado que era imposible la reapertura del ingenio. Llama la atención que no se haya seguido el proceso formal de declaratoria de quiebra, ni se haya acudido, como la Ley Mercantil lo exige, ante un juez federal y decretar formalmente un concurso mercantil.
Ante este escenario, compañeras diputadas y compañeros diputados, todos los que me están escuchando y los que no, ante este escenario y teniendo decenas de demandas ante las autoridades del trabajo, autoridades mercantiles, fiscales y administrativas, el día 18 de febrero del 2015 la Junta Especial número 2 de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa decretó un embargo con base en el expediente J.E. N°2-0131-11-3655/2014, encabezado por ÁLVARO JOSÉ MOLINA CABAL Y OTROS, contra la Compañía Azucarera de Los Mochis, S.A. DE C.V, del terreno que componen el lote 16, con superficie de 58,038.51 m2, con número de escritura 2810, por el monto de $33´147,761.35 (TREINTA Y TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN PESOS. 35/100 M.N.), ordenando la inscripción del embargo para el día 24 de febrero del 2015 al LIC. GUSTAVO ALONSO PERAZA RAMÍREZ en su carácter de oficial del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en la ciudad de Los Mochis, firmando el acta el actuario Felizardo Castro Armenta en compañía del representante común del expediente el licenciado Alfredo de Jesús Rendón Ibarra, expediente que se compone por 16 actores ex-empleados de alto nivel de la Compañía Azucarera.
Ante esta nueva situación, compañeras diputadas y diputados, se corre el riesgo de dejar en estado de desprotección a cientos de obreros y de empleados de confianza, debido a los autoembargos y remates exprés que se hacen por medio de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, sin atender el proceso de liquidación de los obreros, empleados de confianza y proveedores.
Por todo lo anteriormente expuesto, en términos de los artículos 214, 215, 216 y 217 de nuestra Ley Orgánica, solicito de obvia y urgente resolución el siguiente punto de acuerdo:
PRIMERO.- Se conforme una comisión especial plural de la LXI Legislatura que dé seguimiento puntual al caso del Ingenio Los Mochis, y
SEGUNDO.- Se solicite al Gobierno del Estado que informe y de certeza, legalidad y transparencia a la liquidación de la compañía azucarera y el pago de adeudos, deteniendo en primer lugar el proceso ilegal de autoembargos, remates y adjudicaciones de los terrenos del ingenio que favorezcan a funcionarios de gobierno y solicitando a la autoridad que corresponda, que los créditos laborales se paguen en orden de prelación de presentación de demandas, sin permitir que la parte patronal unilateralmente realice convenios para simular adeudos y dejar desprotegidos a obreros y empleados de confianza.

Es cuanto diputada presidenta.

* Intervención de la diputada Imelda Castro Castro para solicitar un punto de acuerdo en torno al problema laboral y legal del Ingenio Azucarero de Los Mochis. 21 de abril de 2015.

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