Imelda11032015DSC04089

Con su permiso diputado presidente:
Compañeras y compañeros diputados:
Amigos de los medios de comunicación:
Ciudadanos que nos acompañan en esta sesión de la Diputación Permanente:

En los últimos ocho años, 82 presidentes municipales han muerto víctimas de la violencia en México; otros 30 han sufrido secuestros y 983 fueron amenazados por carteles del narcotráfico, según información de la Federación Nacional de Municipios y la Asociación de Autoridades Locales de México.
Estos son datos obviamente hasta octubre de 2014, pero todos sabemos que en estos días o en los últimos meses de 2014 y lo que va de este año, pues ha habido decenas de servidores público del ámbito local que también han tenido atentados y otros han sido asesinados, simplemente recordemos hace unos días la presidenta municipal de Matamoros fue atacada a balazos por un comando armado y salió ilesa afortunadamente. Ayer, antier también una candidata a presidenta municipal de un municipio de Guerrero, fue secuestrada también por un comando armado.
El número de ayuntamientos involucrados, representa nada más ni nada menos que el 43% del territorio nacional.
De acuerdo con la Asociación de Autoridades Locales de México A.C., el sexenio de Felipe Calderón había sido el más “catastrófico” para los presidentes municipales del país, ya que de 2006 a 2012, 31 funcionarios de este ámbito, del ámbito local, perdieron la vida a manos del crimen organizado.
20 de los alcaldes víctimas fueron militantes del PRI, 8 del PRD y el resto del Partido Acción Nacional.
Las agrupaciones en las que se encuentran organizados los ayuntamientos del país revelan que la mayoría de las muertes, secuestros e incluso amenazas se han dado en estados como Michoacán, Tamaulipas, Coahuila, Durango, Chihuahua, San Luis Potosí, Zacatecas, Guerrero, Estado de México y Veracruz, principalmente.
La revista Nexos sostiene que sin duda México vive una ola de violencia criminal contra autoridades locales y políticos del ámbito local. Según los números que presenta en una de sus más recientes publicaciones, desde el inicio de la guerra contra el narcotráfico en 2007 hasta octubre de 2014, grupos del crimen organizado han asesinado a 82 alcaldes, 64 funcionarios municipales, 13 candidatos y 39 líderes y activistas políticos.
Añade que si a la cifra se agregan casos de amenazas, secuestros y desapariciones, el número de víctimas llega a 441. Sin embargo, como ya se dijo, según las organizaciones municipalistas, las amenazas han llegado ya a 983 ayuntamientos en el lapso mencionado.
Que se recuerde, en el estado de Sinaloa la violencia no había llegado a estos extremos que conocimos la semana pasada cuando el presidente municipal de Choix, Juan Acosta Salas, fue atacado a balazos al circular por la carretera El Fuerte-Los Mochis.
También, no hay que olvidar el asesinato del diputado en funciones, Saúl Rubio Ayala, en mayo de 2005 y en 2008 también el atentado contra el presidente municipal, Fernando García Hernández, en el cual perdieron la vida dos de sus acompañantes.
En el caso que nos ocupa hoy, que es el atentado contra el presidente municipal de Choix, aparte de él fueron víctimas su esposa, María de la Luz Lerma López; una de sus hermanas, Rosario Acosta Salas; el tesorero municipal, Clemente Soto Miranda; el director de Desarrollo Social, Lauro Melchor Cota Chávez, y su asistente personal, Leonardo León Palafox.
Todos a excepción de la hermana, resultaron con algún tipo de lesión durante el atentado.
Debido a las amenazas del crimen organizado que enfrentan varios alcaldes del país, la Asociación de Municipios de México ha solicitado a la Secretaría de Gobernación crear un protocolo de respuesta inmediata.
Hasta ahora, que se sepa, la dependencia federal no ha brindado repuesta a las necesidades planteadas por los municipios.
Está claro que la salida no está solo en las recomendaciones que por ejemplo hizo el presidente municipal de Ahome, Arturo Duarte García, que atribuye al Consejo Estatal de Seguridad Pública en el sentido de protegerse con unidades blindadas con costos de más de dos millones de pesos, mientras que el resto de funcionarios municipales y desde luego la población permanece expuesta a todos los riesgos que se derivan de la inseguridad pública.
Es decir, sí es necesario que se tomen medidas, que haya un protocolo de seguridad más fuerte, para el caso de los alcaldes, de los funcionarios, pero no se resuelve todo con Suburban blindadas porque se tendrían que comprar decenas, decenas o centenares de camionetas, lo que indica que el problema se tiene que abordar de fondo.
Por todo ello, compañeras diputadas, compañeros diputados, y aceptando lo sensible que es este tema, solicito que en términos del artículo 70, segundo párrafo de la Constitución Política del Estado se acuerde la comparecencia del secretario de Seguridad Pública, Genaro García Castro, para que nos explique en qué consiste la política pública que se está implementando en torno a estos temas que tanto están afectando, no solo a los servidores públicos, sino a todos los sinaloenses, en esta nueva ola de violencia que se ha desatado en el estado.
Es cuanto diputado presidente.

* Intervención de la diputada Imelda Castro Castro sobre la seguridad y con motivo del atentado a funcionarios del municipio de Choix. Sesión Pública de la Diputación Permanente del miércoles 11 de marzo de 2015.

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>