2015Ene29CuentasDSC03433

Con su permiso diputada presidenta:
Compañeras diputadas, compañeros diputados:
Amigos de los medios de comunicación:
Ciudadanos que nos acompañan en este recinto:

Queda claro que el Gobierno estatal no predica con el ejemplo en cuanto al manejo del gasto y la deuda pública se refiere. La cuenta pública del primer semestre del año 2014 evidencia y confirma que no se tiene el más mínimo interés por manejar responsablemente los recursos que le pertenecen al pueblo sinaloense.

Existe un serio desaseo por parte de la Secretaría de Administración y Finanzas en el que prevalecen irregularidades de todo tipo. Por ejemplo, se observa que se esconden o desaparecen bienes muebles comprados, incluyendo algunos vehículos; se retienen pagos a trabajadores del Estado sin su consentimiento o son enterados a destiempo; se realizan pagos diversos de los que no existen firmas que comprueben el importe o cantidad recibida.

Peor aún, se extraen de exclusivas cuentas de programas federales recursos para efectuar diversas transacciones con fines desconocidos y se depositan a cuentas propias. O se contratan créditos por montos desorbitantes sin tener, como lo marca la ley correspondiente, la debida autorización de este Congreso del Estado.

Para ser más preciso en nuestro posicionamiento, a continuación vamos a revelar lo que la propia Auditoría Superior del Estado observó en la cuenta pública del Gobierno de Sinaloa referente al periodo señalado:

Se contrataron créditos de corto plazo, fíjense nomás compañeras diputadas y diputados, por 2 mil 886 millones de pesos (uno con Bancomer por 500 millones de pesos que no especifica el destino del recurso) sin solicitar autorización a este Congreso del Estado, sabiendo que solo podían contratarse 667 millones de pesos, se excedieron con 2 mil 219 millones de pesos contratados. Esta acción, compañeras diputadas y diputados, de acuerdo con la Constitución y a la Ley Estatal de Deuda Pública, está totalmente fuera de lo establecido, es pues, una acción totalmente ilegal.

Se transfirieron recursos del ramo 33 en ocasiones hasta 34 días después de recibidos.

Se hicieron dos retiros de una cuenta de Banorte a cuenta de recursos propios por instrucciones del subsecretario de Egresos, por 412.3 millones de pesos. Cabe señalar que se extrajeron los recursos provenientes del Fondo para la Educación Básica y Normal, acción que es también, totalmente ilegal.

De una cuenta de Banorte, de la que se manejan los recursos del Fondo para la Educación Básica y Normal, también por orden del subsecretario, retiraron 15.6 millones de pesos para darlo al Convenio de Aportación Estatal de Turismo 2014, programa que es únicamente de carácter estatal. Nuevamente esta acción está fuera de la legalidad.

Algunas cuentas que deben usarse exclusivamente para recibir participaciones federales, son utilizadas también para depositar otro tipo de recursos como los del Programa de Sostenibilidad de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento.

En la adquisición de bienes muebles, se omitió proporcionar resguardos del mobiliario y equipo por diversas facturas que equivalen a 13.4 millones de pesos. Se compra mobiliario y equipo, incluso vehículos, pero no se sabe de su ubicación física. Se dieron de baja bienes muebles por 7.9 millones de pesos, entre estos 10 autos, pero se desconocen las firmas de los vendedores, compradores y testigos.

Se hicieron retenciones a los trabajadores al servicio del Estado por 152.2 millones de pesos, violando con ello las normas de control interno y las leyes de presupuesto y de pensiones. Además, no se dieron por enteradas de manera oportuna. Los pagos realizados a los trabajadores del Instituto de Pensiones del Estado carecen de firmas de recibido. Además, Gobierno del Estado hizo retenciones a los trabajadores por seguros de vida y cajas de ahorro por 52 millones de pesos. Acción que viola diversas leyes y normas establecidas.

Este pretencioso desorden financiero, compañeras diputadas y compañeros diputados, que muestra el total desinterés del Gobierno de Sinaloa para operar adecuadamente su gasto financiero. A ello se suma al perverso objetivo que tiene en relación a la deuda pública.

Así, según el informe de la Auditoría Superior del Estado, su deuda total asciende a 17 mil 786 millones de pesos, cifra equiparable al 41.2% de la Ley de Ingresos para el 2014. Adicionalmente, presentó un pasivo sin fuente de pago por 3 mil 672 millones de pesos. ¿Se imaginan, compañeras diputadas y diputados, el tamaño de este pasivo?, el cual, es muy superior al crédito contratado de 2 mil 600 millones de pesos que le fue autorizado en el año 2011, en la pasada legislatura por este Congreso. ¿Con qué recursos van liquidar esa descomunal obligación financiera de corto plazo? Y un pasivo, sin tener fuente de pago.

En el corto plazo, el Gobierno del Estado cuenta con insuficiente liquidez ya que su pasivo es de 5 mil 414 millones de pesos, mientras que su activo es de 5 mil 294 millones de pesos, es decir, presenta insolvencia por 120.5 millones de pesos.

Compañeras diputadas, compañeros diputados:

Con este tipo de anomalías, y de muchas otras que aquí no menciono, no podemos aprobarle al Gobierno Estatal la cuenta pública del primer semestre del año 2014. Sería incongruente de nuestra parte pedirle buenas cuentas y no revisarlas, o hacer caso omiso de las mismas.

Recordemos que como legislatura somos responsables de cuidar y fiscalizar cada peso que el Gobierno se gaste. De seguir y promover el principio de la calidad del gasto público, y de evitar que el Ejecutivo pretende acelerar la deuda pública de forma desordenada, insensata e ilegal.

Así pues, ¿en qué sentido el Gobierno de Sinaloa plasmó en el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016 la responsabilidad financiera? O más bien, ¿qué significado le da el Ejecutivo a la responsabilidad financiera? ¿Con qué ejemplo predica la Secretaría de Administración y Finanzas al pedirle a los municipios que sean responsables en sus finanzas?

¿Por qué aprobarle la cuenta pública al Gobierno estatal si realizó los mismos, o peores, malos manejos que hicieron otros municipios que actualmente tienen suspendidas su cuenta? ¿Acaso no son las mismas leyes, reglamentos?, ¿acaso no son las mismas normas contables, y los mismos principios que rigen para cualquier nivel de Gobierno? Aquí mismo compañeras diputadas y diputados, nosotros antes de este punto, que es el número diez, tuvimos dos suspensiones del municipio de El Fuerte que se ratifican, y así mismo hemos ratificado otras suspensiones, porque tienen una serie de irregularidades que no han resuelto, y resulta que la cuenta pública del Gobierno del Estado, particularmente esta del primer semestre del 2014, está en igualdad de condiciones de irregularidades o en peores condiciones.

Acciones como estas, compañeras diputadas y diputados, promueven, desafortunadamente, que los gobiernos municipales también actúen de la misma manera en que lo hace el Gobierno estatal. Al cabo, pues, no pasa nada. Ahí están los diputados para que voten a favor de la cuenta, pues entonces los municipios van a decir, pues igual sí al hermano mayor, le va bien, igual, el mal ejemplo cunde.

Nosotros como legisladores y aduciendo al trabajo que se nos entregó por parte de la Auditoría Superior del Estado, tenemos la obligación de informar a nuestros representados acerca del mal uso que el Gobierno de Sinaloa le está dando al dinero que es justamente del pueblo de Sinaloa.

Debemos ser parejos, compañeros diputados y diputadas, debemos ser parejos, a la hora de aprobar o suspender las cuentas públicas. No podemos enviar a la sociedad un mensaje de complicidad, de ser comparsas con la autoridad estatal y sí, suspenderle las cuentas a algunos municipios. Hay que actuar con ética, con seriedad, con institucionalidad.

Estamos seguros desde el Grupo Parlamentario del PRD, que si sentamos un precedente para evitar posteriores irregularidades en el gasto y la deuda pública, la actitud de este Gobierno del Estado y de muchos otros, tendrá que cambiar.

Por nuestra parte, como integrantes del Partido de la Revolución Democrática nos opondremos a que en esta cuenta pública de Sinaloa persista la opacidad, la nula transparencia, la perversidad financiera, la irresponsabilidad, la impunidad, la ilegalidad.

Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias.

* Posicionamiento sobre la cuenta pública del Gobierno del Estado de Sinaloa. Sesión pública ordinaria del 29 de enero de 2015.

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