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Con su permiso diputado presidente:
Compañeros diputados, compañeras diputadas:
Ciudadanos que nos acompañan en este recinto:
Amigos y amigas de los medios de comunicación:

Como ya lo hemos anticipado, semanas atrás, el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, no daremos la espalda al pueblo del municipio de Salvador Alvarado. No se puede atentar impunemente contra la economía popular de esa manera.
Es de rechazarse el aumento al régimen tarifario por las siguientes razones:
Porque es contundente y absolutamente desproporcional al último miserable incremento del 3.9% al salario mínimo general.
Porque después de una revisión del tema que hemos hecho de manera muy detenida, hemos detectado que es falso que las actuales tarifas de la JAPASA se mantengan vigentes desde 2003, cuando desde entonces cuenta con incrementos acumulados por el orden del 46.74%, ciertamente en términos de la inflación anual, como lo indica la ley.
Porque esta solicitud de incremento viola los artículos 59 y 60 de la Ley de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Sinaloa, que señala que “el H. Congreso del Estado aprobará las tarifas y cuotas, conforme a criterios técnicos y estudios correspondientes, así como tomando en cuenta, fíjense nomás, tomando en cuenta el factor del Índice Nacional de Precios al Consumidor”. El incremento propuesto el día de hoy está totalmente fuera de estos criterios.
Es una falacia la pretendida tendencia a la quiebra que presenta el organismo paramunicipal con el que los promoventes lanzan la insolente amenaza de privatizar el público servicio de agua potable y saneamiento.
Según la alcaldesa, en materia de agua potable, la JAPASA enfrenta un déficit anual de 23.7 millones de pesos, sin embargo, el último de los informe sobre la revisión a los estados financieros de los entes públicos municipales, relativos al ejercicio fiscal de 2013, auditados por despachos contables independientes, entre sus gastos y sus ingresos anuales apenas se tiene una diferencia de 4 millones 965 de pesos. Y según lo disponen los recientes datos de la cuenta pública del segundo semestre de 2013, la JAPASA dispone de un activo total de 87.4 millones de pesos, un pasivo de 10 millones de pesos y un gasto negativo de operación de 5 millones de pesos. Siendo por cierto, esta junta de agua potable, después de Mazatlán, Culiacán, Ahome y Mocorito, uno de los mejores organismos operadores de agua. Ello es congruente con el informe de las finanzas de la cuenta pública municipal, que ha sido una de las mejores.
Los propios números de la Junta de Agua Potable que se ocultan en la iniciativa pero que el mismo Ayuntamiento de Salvador Alvarado mantiene al público en su página electrónica, representan un autodesmentido.
Pero bueno, aun asumiendo que la Junta de Agua Potable de Salvador Alvarado enfrentara el peor de los escenarios, que no fueran 23 millones de pesos, que fuera el doble de su déficit, la información de la JAPASA supone que una gestión responsable de su parte la haría captar 126 millones 16 mil 518 pesos, sin necesidad de aumentar un solo peso al régimen tarifario.
Porque hay que decir compañeras diputadas, compañeros diputados, que ahorita es el 20%, pero en enero va a ser el 4% conforma a la ley que aquí hemos citado, y entonces, el incremento de enero, a Salvador Alvarado ya no va a ser del 4, va a ser del 4 sobre el 100% que va a representar ahora el 20%, compañeras diputadas y diputados, no sé si me dé a entender. O sea, estamos ahí causando incluso un fenómeno llamado anatocismo, que es el incrementarle al incremento, eso vamos a hacer en enero cuando revisemos todas las tarifas en los 18 municipios del estado de Sinaloa.
Ese escandaloso dato que estoy dando, compañeras y compañeros diputados es nada más ni nada menos que el tamaño de la cartera vencida de la JAPASA, hasta hoy, y de acuerdo a sus propias cifras. Todas las cifras que yo estoy dando en esta intervención tienen qué ver con la cuenta pública del municipio, con la página de in terne que tienen ahí abierta al público y con las cifras de la misma iniciativa que presentó la presidenta municipal de Salvador Alvarado al Congreso.
Hasta el 31 de enero pasado, esa cartera vencida estaba compuesta por 626 usuarios domésticos que adeudan 85 millones de pesos; fíjense nomás, solo 35 usuarios del servicio comercial que deben 8 millones; únicamente 8 usuarios adeudan un millón 500 mil; y 18 usuarios más del servicio público, que en un lapso de 50 meses o más, todos ellos no pagan el agua que gastan y los servicios que reciben.
Está claro entonces que lo que ocupa la JAPASA no es un desproporcionado, arbitrario e ilegal incremento tarifario, sino alguien que cumpla de manera más eficiente con su responsabilidad, comenzado por cobrar el agua a quienes no pagan el servicio.
No lo pagan porque, como estamos viendo, parece que tampoco hay funcionarios eficientes y responsables que lo cobren. Hasta el 31 de enero la cartera vencida era de 124 millones de pesos, pero al 31 de marzo ya superaban los 126 millones de pesos; es decir, crece a un ritmo de un millón de pesos anuales.
Por todo ello, compañeras diputadas, compañeros diputados, es que aprobar un aumento como el propuesto, sería premiar la irresponsable ineficiencia en el cobro y un castigo a los usuarios que puntualmente pagan los servicios.
No es responsabilidad de los usuarios el obsoleto sistema de facturación de la Junta, sino de la dirección, gerencia y de la operación de la Junta de Agua.
Compañeras diputadas, compañeros diputados: un estudio “diagnóstico de las Juntas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en el Estado de Sinaloa”, realizado por la Unidad de Estudios Económicos y Financieros de este Congreso a finales del año pasado, señala que los principales problemas que definen la situación de los organismos operadores son los siguientes:
1) La baja eficiencia recaudatoria, debido a la inexistencia de un programa eficaz de cobranza, a la aplicación de políticas de cobranza discrecionales y populistas clientelares y al desconocimiento del valor real de la cartera vencida;
2) Una baja eficiencia física. Esto quiere decir, e rezago en inversión de infraestructura ocasiona pérdidas del líquido desde la producción hasta el destino final de los usuarios;
3) El desfase en la actualización en inversión de infraestructura ha ocasionado también problemas en la producción final, a los usuarios. El desfase que ya comentamos en la actualización de las de tarifas.
4) Baja eficiencia operativa, lo que significa que las juntas no cuentan con un Programa de Optimización en sus procesos operativos (dígase producción, distribución, comercialización y administración) y tampoco cuentan con políticas de austeridad en el uso de recursos, por ejemplo, tiene costos laborales crecientes (tabulador de salarios, prestaciones, pensiones, sindicatos); elevados costos administrativos de operación y mantenimiento.
5) Alta rotación de personal directivo, porque tradicionalmente, cada tres años se presentan cambios en los principales puestos directivos de las juntas de agua y en la mayoría de las veces el personal carece de perfil técnico adecuado. Es decir, cada tres años, el político o la política que llega a gobernar se trae a su equipo de la campaña tenga o no tenga preparación técnica en el ámbito de este servicio público y pasa en todos los casos.
Finalmente, compañeros diputados y diputados: dentro de las recomendaciones hechas por el estudio mencionado, que hizo este mismo Congreso y que por lo visto la Comisión de Hacienda no está realizando un análisis global, integral de este problema, están las siguientes recomendaciones:
1) Autorización de incremento de las tarifas, conforme lo indica el artículo 60 de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Sinaloa. Dicha solicitud DEBE IR ACOMPAÑADA DE UN DIAGNÓSTICO TÉCNICO Y DE UN PROGRAMA DE MEJORAMIENTO EN LOS PROCESOS EN EL CORTO Y MEDIANO PLAZO y este requisito de la ley está totalmente ausente en la solicitud de la presidenta de Salvador Alvarado, ni está apegada a la ley, ni presenta el estudio técnico integral como lo señala esta disposición.
2) Se requiere que este Congreso se disponga y se comprometa a otorgarle a Sinaloa, una Ley Integral de Agua Potable y Alcantarillado, considerando un apartado de AGUAS ESTATALES. De acuerdo con especialistas en la materia, el inadecuado marco jurídico tiene un impacto negativo en la operación de las juntas de Agua Potable.
3) También urge la incorporación del SERVICO CIVIL DE CARRERA. Perfiles técnicos adecuados, personas que tengan un compromiso y conciencia con el servicio que están prestando porque se trata de atender a la protección de un derecho humano que es el acceso al agua.
Sin embargo, compañeras diputadas y diputados, nada de este diagnóstico, propuestas y compromisos, encontramos en la solicitud de incremento de la presidenta de Salvador Alvarado y del dictamen que aquí a este Congreso se ha presentado.
El Grupo Parlamentario del PRD los convoca, compañeros diputados y diputadas a tomar este tema de manera integral y no solo descargar en las espaldas de los usuarios y de sus familias el costo de la ineptitud, la incapacidad, los malos manejos en muchas ocasiones, las corruptelas, porque usan como caja chica para la política a las juntas de agua potable, descargar sobre las familias las crisis económica, financiera y operativa de las juntas de agua potable.
Es cuanto diputado presidente.

Muchas gracias.

* Intervención con motivo de la propuesta de incremento a las tarifas de agua potable en Salvador Alvarado y la necesidad de un diagnóstico integral de los sistemas de agua potable en Sinaloa. 20 de noviembre de 2014.

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