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Con su permiso diputado presidente:
Compañeras y compañeros diputados:
Amigos de los medios de comunicación:
Ciudadanos que nos acompañan en este recinto:

El 27 de noviembre del año pasado, la Procuraduría General de la República dio a conocer a través de los medios de comunicación haber iniciado una investigación contra quien resultara responsable de presuntos cobros de comisiones a cambio de la asignación de recursos para obra pública, por parte de la Cámara de Diputados.
Según el procurador Jesús Murillo Karam, la investigación se inició a petición del coordinador de Acción Nacional en la Cámara de Diputados, Luis Alberto Villarreal, a quien algunos medios nacionales señalaban como presunto responsable del cobro de dichas comisiones.
El señalamiento de los medios de comunicación, de manera particular el Grupo Reforma, se dio en el contexto de la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2014.
Sin embargo, a un año de que la propia PGR aceptara haber iniciado la indagatoria, hasta ahora no ha trascendido ningún resultado.
Lo anterior no solo es delicado por las instituciones y los personajes que involucra sino también porque en el contexto de la discusión presupuestal para el 2015, el mismo medio revela que documentos en su poder detallan cómo una empresa gestora acuerda con los municipios una comisión por gestionarles recursos del Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad.
Según el medio, son entre otras, las cláusulas que se impone a los municipios:
Primero: Que “declara el Municipio que ha solicitado a la prestadora de servicios denominada Comercializadora AGAM, la hechura, consultoría, administración y asesoría especializada en la obtención de un recurso de los denominados federales bajo el contrato de fideicomiso FAIP, solicitado por el Ayuntamiento”.
Y que “el Municipio se obliga a pagar a Comercializadora AGAM (…) por cada recurso aceptado y entregado, por la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, una comisión del importe de cada uno de los recurso”.
Además, los gobiernos locales también quedan obligados a mantener en la confidencialidad, durante un periodo de dos años, toda información recibida por la empresa.
Aunque las reglas de operación de dicho fondo señalan que todos los trámites relacionados con el mismo deben realizarse directamente entre servidores públicos competentes de la Federación y los municipios y sin intermediación de terceros, según Reforma, los gestores buscan a los alcaldes para armarles un proyecto.
Según los testimonios aportados, esta empresa ha obtenido el 30% de recursos del fondo mencionado aportado a municipios de Jalisco, Morelos, Estado de México, Hidalgo y Zacatecas y hasta el 40% en algunos casos en municipios de Veracruz.
El Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad, se incluyó por primera vez en el ramo 23 del Presupuesto Federal de 2014 por gestiones de la Asociación Nacional de Municipios de México, con una partida de 2 mil 500 millones de pesos. Así que imagínense ustedes si a esa cantidad se les resta el 20, 30 y hasta el 40% de los recursos.
Es decir, estamos en una situación, de otro caso más de corrupción, de impunidad que justamente son las cosas que hoy tienen al país en esta situación tan delicada de que lo que antes era el diezmo, ¿no?… ya pasó de moda el diezmo, ahora es el 30% y hasta el 40%, entonces, cuando estamos en un entorno crítico de las finanzas públicas, sobre todo las finanzas de los municipios, que tenemos municipios endeudados, etcétera, y resulta que en este marco, en que se discuten los presupuestos, pues se lleguen a este tipo de situaciones que la verdad es muy lamentable.
Por ello, para nuestro Grupo Parlamentario desde luego resulta inadmisible que se busque sacar tajadas o “moches” a municipios a través de una empresa gestora, como la que en este caso menciona el Grupo Reforma o cualquier otra y solicita a los ayuntamientos del estado de Sinaloa a denunciar pública y formalmente cualquier irregularidad al respecto. Es vergonzoso que, incluso diputados, hagan estas funciones de “coyotes” de obras para los municipios a cambio de dinero, cuando su compromiso y obligación constitucional es respaldar a los gobiernos estatales y municipales con la aprobación de presupuestos, que son producto de los impuestos que pagan los contribuyentes.

Gracias diputado presidente.

Imelda Castro Castro.
Coordinadora del Grupo Parlamentario del PRD.
H. Congreso del Estado de Sinaloa.

* Intervención durante la sesión pública ordinaria del 18 de noviembre de 2014, a propósito de los inaceptables “moches” a cambio de asignación de recursos públicos a los municipios.

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