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Con su permiso diputado presidente:

Compañeras diputadas y compañeros diputados:

Amigos de los medios de comunicación:

Ciudadanos que nos acompañan en este reciento:

Según información pública del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que cualquiera de nosotros puede confirmar, la violencia en el país ha cobrado la vida a 133 mil 727 personas, en los últimos siete años, 104 mil 800 en el último sexenio panista encabezado por Felipe Calderón y 28 mil 927 víctimas más, con Enrique Peña Nieto, desde el regreso del PRI a la Presidencia de la República.

En Sinaloa, durante el sexenio de Jesús Aguilar Padilla, que fue el que ofreció los peores resultados en materia de seguridad pública hasta el momento, se le arrebató la vida a 6 mil 629 personas. Pero en esta nueva administración, en sólo cuatro años de gobierno, ya se han cometido cinco mil 332 homicidios dolosos, que representan el 80.4 por ciento de los registrados en el sexenio pasado.

Yo recuerdo, compañeras diputadas y diputados, hace diez años, cuando, en esta misma tribuna, varios diputados, particularmente un diputado en aquel entonces, también del PRD, acuñó una frase que a todos nos sorprendía, porque decía: es que ya hay más muertos que días del año. ¿Qué quería decir él? Que había más de un asesinato al día en promedio. Pues ahora con estas cifras estamos hablando de un promedio de cuatro personas al día. Ese es el índice que tenemos actualmente en Sinaloa.

La descomposición en el país ha alcanzado expresiones de barbarie. Recordemos la masacre masivas de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, en 2011; las 52 personas quemadas en un casino en la ciudad de Monterrey, también en 2011, y ahora, la ejecución extrajudicial a manos del Ejército en la comunidad de Tlataya del Estado de México, 22 personas que se asesinan extrajudicialmente, es decir, fuera de un proceso, fuera de un enfrentamiento, sino después de que se rinden entre comillas, se les ejecuta y esto ya está demostrado y reconocido por las autoridades federales. Y también esta última barbarie que es la de Iguala, Guerrero, con la muerte de cuatro jóvenes y varios heridos y los 43 jóvenes estudiantes desaparecidos.

En Sinaloa, durante los últimos días se recrudeció la violencia, particularmente en la zona sur, con el registro de diez de los 15 homicidios dolosos, solo durante la semana pasada.

Las cifras dejan ver que el viernes fue el día más violento de la semana pasada cuando se cometieron nueve asesinatos, cinco de ellos en Rosario, dos en San Ignacio, uno en Culiacán y otro en Guasave. En la zona norte se registra la desaparición del integrante de los medios de comunicación Antonio Gamboa. Tampoco nadie ha dicho nada.

La violencia se llevó entre sus víctimas la vida del líder de los comuneros afectados por la construcción de la presa Picachos, Octaviano Atilano Román Tirado, quien se encontraba en una cabina de radio propiedad del periódico El Sol de Mazatlán, lugar hasta donde ingresaron los agresores, sin mayor obstáculo, el sábado a las diez y media de la mañana, ultimándolo a balazos, frente a los miembros de su familia.

Michoacán, Oaxaca, Guerrero, Tamaulipas, Sinaloa, Chihuahua, prácticamente no existe en el país ningún estado que escape a la inseguridad y la impunidad.

En Sinaloa la violencia ha tenido el agravante de que en los últimos cinco meses cobró la vida de activistas sociales:

A los nombres de Sandra Luz Hernández víctima de la violencia cuando procuraba el paradero de su hijo y de Ramón Corrales Vega, muerto por buscar un trato justo con la minera que ocupaba tierras ejidales en el municipio de Choix, ahora se agrega el de Octaviano Atilano Román Tirado, quien junto con sus compañeros llegó a tomar este mismo recinto en 2009, en exigencia de una indemnización justa por sus terrenos ocupados por la construcción de la presa Picachos.

Entre paréntesis, compañeras diputadas, compañeros diputados, es necesario decir, por cierto, que la Procuraduría ya dejó de investigar la desaparición de Rosita Esthela Anzures Jacob, según testimonios, en manos de la propia Policía, a pesar de que la ley le ordena el uso de protocolos internacionales para su localización. Pero la Procuraduría ya abandonó esta tarea.

Lo que debe señalarse a propósito de la presa Picachos es que se hizo prácticamente a la fuerza, como una obra impuesta por los gobiernos federales, particularmente el gobierno de Felipe Calderón, y por los últimos tres gobiernos estatales de Sinaloa, donde hay que decir porque ese tema luego va a volver a saltar, no se preocuparon por promover siquiera la expropiación formal de los terrenos y por supuesto menos se ha hecho conforme a la ley el pago justo por ellos a los propietarios originales, que fue la lucha que seguía dando Atilano Román Tirado.

Compañeros diputados y diputadas: no podemos callar frente a esta crisis de seguridad y de derechos humanos que hoy vivimos en nuestro país y en Sinaloa. Solicitamos a nombre del Grupo Parlamentario del PRD a esta 61 legislatura que nos pronunciemos por el esclarecimiento inmediato de los asesinatos de los líderes sociales Atilano Román Tirado, Sandra Luz Hernández y Ramón Corrales, solicitando mediante la comisiones unidas de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos de este Congreso, un informe pormenorizado a la autoridad estatal particularmente a la Procuraduría de Justicia del Estado sobre los avances de estos crímenes.

Es cuanto diputado presidente.

Muchas gracias.

Imelda Castro Castro.
Coordinadora del Grupo Parlamentario del PRD.

* Intervención con motivo de la crisis de seguridad y de derechos humanos en México y en Sinaloa. Sesión Pública Ordinaria del martes 14 octubre de 2014.

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