Con su permiso diputado presidente:
Compañeras diputadas y compañeros diputados:
Amigos de los medios de comunicación y ciudadanos que nos acompañan en este recinto:

La Comisión Coordinadora de Capacitación y Asesoría Fiscal (Coccaf), es un organismo de colaboración del Sistema Estatal de Coordinación Fiscal, básicamente es una dependencia estatal a la que este Congreso le fija anualmente un presupuesto a petición del Ejecutivo, y esta vez, este año, tiene asignado un monto de 2 millones 365 mil pesos con 62 centavos. Las cuentas públicas muestran que gasta cada cinco que le asigna y que recibe.

Las atribuciones de esta comisión son, entre otras, “participar en la vigilancia y perfeccionamiento del Sistema de Coordinación Fiscal del Estado, brindando capacitación y asesoría jurídico-fiscal y financiera a los municipios del estado con el fin de lograr el fortalecimiento de las finanzas públicas municipales”. Hasta ahí la cita del objeto de esta comisión.

La misma comisión presume literalmente en la página electrónica del Gobierno del Estado estar haciendo la tarea y asegura que “se han logrado grandes avances en materia de coordinación fiscal; por un lado la modernización del sistema recaudatorio cuyo objetivo primordial ha sido el fortalecimiento de los ingresos públicos del Gobierno, y por el otro, una estrecha coordinación fiscal –dice– “con los municipios de la entidad, mediante el establecimiento de reglas claras y mecanismos precisos que delimitan la actuación de los organismos encargados de la función fiscal y administrativa”.

En los hechos, la Coccaf, compañeras diputadas, compañeros diputados, no está haciendo su tarea y pretende engañar a los regidores y a los ayuntamientos, y de paso quiere también engañar a este Congreso del Estado.

El 20 de mayo pasado, Romualdo Robles Peñúñuri, director de la Coccaf, y Juan Carlos Ruiz Sañudo, jefe de área de Organismos Operadores de Agua de la misma comisión, expusieron en la Cuarta Sesión del Consejo Municipal de la Junta Municipal de Alcantarillado y Agua Potable de Salvador Alvarado, presidido por Liliana Cárdenas, la presidenta municipal, la urgencia de elevar en un 40 por ciento las tarifas de agua potable, con el argumento fácil de que en 11 años las tarifas no se han actualizado.

La sola ocurrencia ilustra que la Coccaf y los gobiernos municipales tenían 11 años sin hacer su tarea; que por supuesto no se coordinaron con nadie y mucho menos brindaron alguna capacitación ni asesoría a estos gobiernos municipales.

De haber hecho su tarea, los funcionarios de la Coccaf habrían de haber conocido a lo largo de once años, que de acuerdo con el artículo 59 de la Ley de Agua Potable, las tarifas y cuotas que se cobren por el servicio se actualizarán anualmente aplicando el factor que resulte de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del penúltimo mes del año del calendario que se actualiza, entre el mismo índice correspondiente al penúltimo mes del año anterior.

¿Qué es lo que precisa esta disposición compañeras diputadas, compañeros diputados? Lo que dice es que las tarifas solo pueden ser actualizadas conforme a la inflación.

El problema es que como estos “inteligentes asesores” entre comillas, se quebraron la cabeza y llegaron a la brillante conclusión de acumular la inflación de once años, en una bola de nieve y lo que resultó ahora quieren aplicarlo en un 40 por ciento de incremento, para menguar aún más la ya precaria situación de la economía familiar de los ciudadanos de Salvador Alvarado.

Lo que no se vale es que por no trabajar en once años, es decir, por no actualizar el sistema tarifario, como lo ordena la ley aquí ya comentada, los usuarios paguen las consecuencias, sobre todo los usuarios cumplidos que son, en este caso, los más afectados: es más importante cobrar el rezago, que castigar al usuario cumplido. ¿Por qué? Porque aparte de que está pagando de manera permanente cumpliendo sus obligaciones, cumpliendo con la ley, ahora resulta que le van a elevar el 40%.

Compañeras diputadas, compañeros diputados: hay un fenómeno muy extendido ya en el país, que consiste en que gobernantes, funcionarios federales y estatales y presidentes municipales y presidentas, como en este caso, “arropados” en la restauración priista, se comportan como pequeños dictadores y dictadorcitas, que hacen uso y abuso del poder en su pequeño feudo.

No es la primera vez que se presenta en Salvador Alvarado una decisión autoritaria, ilegal e irracional. Simplemente, para traer uno o dos ejemplos, actualmente, la presidenta municipal de Salvador Alvarado debe más de 600 mil pesos por la realización del carnaval, gracias a la contratación de grupos norteños de música por cierto, que fomenta la subcultura del narcotráfico, pagados con recursos públicos, justamente en un municipio víctima de la violencia. Igualmente, la presidenta, de manera insólita durante los primeros cuatro meses, no permitió la presencia del regidor representante del PRD en la Comisión de Concertación Política, violando la Ley de Gobierno Municipal y a partir de que lo permitió, gracias a la intervención de varios actores políticos estatales, de su partido y de fuera de su partido, ahora ya no hace reuniones previas de la comisión a las sesiones de Cabildo.

En fin, son varios los ejemplos que podemos traer a colación, sin embargo, regresando al tema, compañeros diputados y diputados quiero proponer a este pleno el siguiente punto de acuerdo en relación a este pretendido incremento del 40 por ciento a las tarifas de agua potable, donde por cierto lo resuelve la presidenta con un consejo consultivo a modo, un consejo consultivo que aprobó en el Cabildo junto con sus apoyadores, en donde todos los integrantes son simpatizantes de su partido político y no permitió por ejemplo que la Canaco, que es una cámara de empresarios, de comerciantes, que tiene una vida política y aportación en el municipio no integrara, no fuera parte de ese consejo consultivo. Y en ese marco, pues solamente aprueba, con la asesoría de la Coccaf, ese incremento ilegal del 40 por ciento. Quiero proponer entonces compañeras diputadas, compañeros diputados, el siguiente punto de acuerdo:

Rechazar todo incremento tarifario que no se ajuste a los términos previstos en el artículo 59, segundo párrafo de la Ley de Agua Potable del Estado de Sinaloa y mandatar a la presidenta municipal, Liliana Cárdenas, para que regrese el acuerdo tomado por el Consejo Consultivo de la Junta de Agua Potable presidido por ella, con el objeto de que anule el acuerdo y se sujete a la ley, como ya lo hemos comentado en esta intervención”.

Muchas gracias

Imelda Castro Castro
Diputada por el PRD.

* Intervención con motivo de la propuesta de incremento del 40% a las tarifas de agua potable en Salvador Alvarado. 3 de junio de 2014.

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