08042014FiscalPrensa

Con su permiso diputado presidente:
Compañeras y compañeros diputados:

El 2013, el primer año del regreso del PRI a la Presidencia de la República, fue el año más violento para los medios de comunicación en el país.

Ese año, cada 26 horas y media, en promedio, fue agredido un periodista en diversas partes del territorio nacional.

En el informe anual que la organización Artículo 19 dio a conocer el 18 de marzo, se documentaron 330 casos, de los cuales cuatro fueron homicidios registrados en el año.

6 de cada 10 agresiones fueron ejecutadas por funcionarios públicos, la mayoría de carácter estatal o municipal.

En el contexto del propio informe, el domicilio del dirigente de esa organización, Artículo 19, fue allanado. Le robaron documentos de trabajo, computadora y objetos de valor. No hubo pruebas que vincularan el robo con el trabajo de la organización de periodistas en defensa de reporteros violentados, pero sí antecedentes, de manera particular hostigamiento y amenazas, durante todo el año 2013.

El promedio nacional de agresiones a periodistas aumentó casi 4 puntos en 2013 comparado con el promedio de 2007 y 2012.

De acuerdo con el informe, las principales agresiones se registraron en los estados de Tlaxcala, Veracruz, Chiapas, Coahuila, Chihuahua y Baja California.

Debido a las agresiones y en especial por los homicidios y desapariciones de periodistas, se creó en 2006, por acuerdo del procurador general de la República, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra Periodistas.

Entre las principales atribuciones de esta Fiscalía están las de proteger la seguridad de los comunicadores y otorgar medidas cautelares o de protección, así como gestionarlas ante las autoridades competentes.

En los hechos, sin embargo, sus funciones se han limitan en mucho, hasta ahora, a la estadística.

La fiscalía especial de la PGR enumera 102 casos de homicidios de periodistas en todo el país en los últimos 14 años.

Detalla 24 desapariciones de miembros de la prensa de 2005 a la fecha.

En Sinaloa, en los últimos años se han registrado una serie de ataques contra periodistas y medios de comunicación; la lista lamentablemente es amplia, desde agresiones a balazos hasta granadazos, en contra de instalaciones de los periódicos Noroeste, El Debate y Riodoce.

Recodemos cómo el fotorreportero del periódico El Debate en Escuinapa, Gregorio Rodríguez, fue asesinado a balazos en 2004.; el vocero de seguridad del Gobierno de Sinaloa, Óscar Rivera, periodista de carrera, fue asesinado a balazos en Culiacán en 2007; el reportero de radio para el programa Línea Directa, José Luis Romero, fue levantado y encontrado muerto en 2010; el periodista del portal de noticias A Discusión, Humberto Millán, fue levantado y asesinado en 2011.

Tras las marchas a favor del Chapo Guzman, periodistas, sobre todo fotógrafos y videógrafos, sufrieron agresiones por parte de policías, durante el desempeño de su trabajo en la cobertura de los hechos. Por lo menos se tienen registros de actos de intimidación en Guamúchil, Culiacán y en Mazatlán, refiriéndonos al contexto en que se dieron las marchas ya comentadas.

Y una de las últimas agresiones a miembros de los medios de comunicación se dio, como todos sabemos, la medianoche del jueves pasado, contra el director del periódico Noroeste, Adrián López Ortiz, después de llegar a Culiacán, precisamente luego de una reunión en la Ciudad de México, justamente, sobre el tema de la libertad de expresión.

Atendiendo órdenes directas del gobernador, la Policía Ministerial revelaba ya el mismo jueves por la tarde que había tres personas detenidas relacionadas con el caso, del que por su parte la Procuraduría General de Justicia del Estado, el viernes a mediodía, ya había descartado la relación con la línea editorial del medio de comunicación.

Que se hayan dado avances del caso, desde luego que resulta extraordinario, sin embargo, la ausencia de credibilidad no solo en el área de justicia, sino prácticamente en la generalidad de las instituciones mexicanas, que por supuesto, esto no alegra, sino que es lamentable porque en nada ayuda al fortalecimiento del estado mexicano. Hasta ahora, los resultados muestran insatisfacción sobre el caso, tanto para la víctima, como para los directivos del medio de comunicación, pues han acudido a las instancias federales para buscar solución a cerca de 60 averiguaciones previas radicadas en la Procuraduría General de Justicia del Estado, contra trabajadores, reporteros y directivos del mismo medio de comunicación.

Desde luego que avanzar en la credibilidad de las instituciones y de manera particular las relacionadas con el área de la procuración de justicia, representa un enorme reto para el país.

En esa búsqueda, la última de las reforma políticas decretadas por el Congreso de la Unión decidió la transformación de la Procuraduría General de la República en una Fiscalía General de la República con plena autonomía, una modificación que debe replicarse en los estados, aunque no necesariamente el cambio de nombre sea suficiente, como lo han demostrado los hechos. La realidad que vivimos no ha cambiado después de este cambio de nombre, pero de frente a los reclamos de la sociedad por la impunidad, creemos que lo más importante, lo fundamental, es que haya no solo modificaciones en las instancias que brindan seguridad, sino, sobre todo que haya voluntad política.

Compañeros diputados y diputadas:

Desde el Grupo Parlamentario del PRD nos pronunciamos para que hagamos lo necesario desde este Congreso, para que se replique en Sinaloa la Fiscalía Especializada para atender agresiones a la prensa, como una instancia estatal que sea capaz de recuperar la confianza y tranquilidad del gremio periodístico y de la sociedad sinaloense.

También, compañeros diputados, compañeras diputadas: es necesario reflexionar sobre la paradoja que estamos viviendo ahora, ahorita, en la opinión ciudadana, debido a la preocupación, fíjense nomás, de que al presentar avances con prontitud, en el caso del director de Noroeste, haya expresiones de reclamos de gente que seguramente ustedes y todos nosotros hemos escuchado estos días, bajo la pregunta: “¿a poco se necesita ser director, para que el caso se resuelva tan pronto?”. Esa es una paradoja, porque estamos exigiendo justicia, estamos exigiendo prontitud en el esclarecimiento de casos de alto impacto como este, pero cuando se resuelven o hay avances, aquí sí, de la noche a la mañana, como sucedió, resulta que la gente dice: ¡Ah!, entonces se necesita ser director de un medio de comunicación para que los asuntos se resuelvan.

Eso no puede pasar, debemos de reflexionar también sobre eso, debemos pensar entonces de manera positiva, de que si el Gobierno pudo, el mismo día de la agresión localizar el vehículo y a los agresores, quiere decir que el Gobierno sí puede otorgar justicia a todos los casos de víctimas de robo patrimonial, asaltos y agresiones a la integridad física de los sinaloenses.

Yo, esta reflexión la comparto con ustedes, dejando la siguiente interrogante: ¿qué es entonces lo que falta para que superemos el 98 por ciento de la impunidad que hoy tenemos?

Mucha gracias compañeros diputados, compañeras diputadas.

* Intervención con motivo de las frecuentes agresiones a periodistas en el estado de Sinaloa.

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