25032014ICCDP

Con su permiso diputado presidente:
Compañeras y compañeros diputados:
Seguramente muchos de ustedes aquí recordarán que por lo menos hasta el 2010, los problemas de comercialización agrícola en Sinaloa resultaban transferidos al Gobierno federal, ello después de marchas, plantones y tomas de carreteras de los productores, con motivo de la ausencia de competencias estatales, y porque, como la de todos los productos, los de origen agrícola quedaron a la deriva de la ley de la oferta y la demanda.
Lo que en pocas palabras significa la renuncia estatal a la soberanía alimentaria con la firma del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y Canadá.
Para decirlo claro: al Gobierno federal le ha importado poco el crecimiento de la hambruna nacional, basado en el obtuso criterio economicista de que la demanda alimentaria lo resolvería el mercado internacional.
Con esa lógica, mientras los sinaloenses producen, las puertas permanecen abiertas a los productos agrícolas a bajos precios y de dudosa calidad, incluso, desde países como Sudáfrica, primero sin arancel y luego con simulados impuestos a su importación a pesar de la promesa del Gobierno federal de derogar el decreto que lo permite, dispuesto por decisión presidencial desde el 7 de mayo del 2008 y apenas tocado con un 20 por ciento por kilo, esto último, como disposición de otra decisión presidencial el 12 de diciembre de 2013. Es necesario recordar que antes de la libre importación el impuesto era de 194 por ciento.
La política agrícola federal más los efectos del cambio climático amenazan seriamente la economía estatal sustentada en la agricultura a pesar de solo representar el 13 por ciento del Producto Estatal Bruto, pero por sus efectos en el resto de sectores económicos.
Esa política ha pretendido ser enfrentada con espacios de planeación de siembras que habrían de permitir asegurar mejores precios con una menor producción.
Según esta planeación, durante el presente ciclo que está en su conclusión, se sembrarían 200 mil hectáreas menos de maíz, aumentarían de 60 a 80 mil hectáreas las siembras de garbanzo, se elevaría de 70 a 100 mil hectáreas las siembras de frijol y se incluiría el cultivo de trigo en el norte del estado.
Sin embargo, los resultados no están siendo los esperados. El coyotaje, ajeno a la planeación, proclive a la especulación e insensible a la hambruna que reconocidamente padecen 12 millones de mexicanos, se ha constituido como un serio lastre de los productores y de cualquier intento de armonizar las condiciones para la producción agrícola, en el campo sinaloense.
Esta nociva fauna, tiene que decirse, es la única favorecida con la política agrícola, si es que acaso tiene alguna el Gobierno federal que no sea la de entregarse al libre mercado, subsidiándola solo para que permitan el almacenamiento de granos, como ocurre como la llamada pignoración de frijol y volviéndola a subsidiar, como ha ocurrido de manera permanente para efectos de buscar nivelar precios, como ocurrió con la última cosecha de maíz pagada en tres abonos para que pudieran alcanzar tres mil 850 por tonelada maíz a los productores sinaloenses.
Es ese coyotaje favorecido por los gobiernos en turno el que impunemente especula con el mercado de granos imponiendo precios; recibe del Gobierno federal apoyos para entregar al productor 16 pesos por kilo, pero solo quiere entregar 12. Venden los coyotes en 11,200 pesos la tonelada de garbanzo, pero solo quieren pagar de entre siete a nueve mil pesos.
También volverán a recibir subsidios para compensar los previsibles bajos precios internacionales del maíz, pero como lo veremos en julio, como lo hemos visto una cosecha tras otra, estarán de nuevo los productores de maíz, exigiendo los precios prometidos que no deberían ser menores a los de la última zafra agrícola.
Una pregunta obligada en tan lamentable escenario de comercialización agropecuaria, es cómo es que persiste con 12 millones de mexicanos que carecen hasta de la posibilidad de consumir frijol y maíz, ya no digamos de los producidos en México sino en cualquier parte del mundo.
La respuesta es que muy probablemente tampoco importen, por más cruzadas contra el hambre que no se permite siquiera asegurar la producción nacional para su propia alimentación con todo y la ironía que represente estar basada en frijol y tortilla. Increíble país, con gobiernos con tan poco sentido común.
Compañeras y compañeros diputados: este Congreso no debe estar viendo los toros desde la barrera. Estamos comprometidos a revisar una legislación en materia agrícola puesta en vigor dos días antes de que se instalara esta legislatura, y que por supuesto, carece de elementos que permitan enfrentar al coyotaje, por provenir precisamente de uno de sus representantes que aquí ocupó la presidencia de la Comisión de Agricultura.
Pero mientras, compañeras y compañeros, para efectos prácticos y en términos de los artículos 214, 215, 216 y 217 de nuestra Ley Orgánica, presento a su consideración de ustedes el seguimiento punto de acuerdo:
Primero.- La LXI Legislatura atenta a los problemas de comercialización de la producción agrícola iniciada en el estado de Sinaloa, en términos el artículo 70 de la Constitución Política del Estado, invita al secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan Nicasio Guerra Ochoa, a una reunión de trabajo, dentro de uno de los siguientes tres días de esta semana, a las diez horas en el salón de usos múltiples de este Congreso.
Segundo.- Se solicita a la Secretaría de la Función Pública, mediante el uso de todos los instrumentos legales a su alcance, supervisar la aplicación de subsidios aplicados a la comercialización de granos, destinados a los acopiadores en el estado de Sinaloa, a fin de asegurar los precios comprometidos a los productores, turnando a la Procuraduría General de la República, si las hubiera, las denuncias que correspondan.
Tercero.- Se pide al ejecutivo del estado, se sirva instruir a la Unidad de Transparencia a coadyuvar con la Secretaría de la Función Pública, para efectos de supervisar la aplicación correcta de los recursos estatales en los subsidios a la producción agrícola, de manera particular en la pignoración de la cosecha de frijol.

Por su atención muchas gracias.
Diputado presidente, compañeros diputados y diputadas.

Atentamente:
Grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Dip. Imelda Castro Castro Dip. Ramón Lucas Lizárraga

* Intervención de la diputada Imelda Castro Castro en la sesión de la Diputación Permanente del día 25 de marzo, a propósito del tema de la comercialización de granos en el estado de Sinaloa.

  1. felipe de jesús apodaca aguilar says:

    buenos días Diputada Imelda Castro, tuve el gusto de saludarle la semana pasada en reunión de usuarios productores del modulo Bamoa y CONAGUA, definitivamente que se tiene que legislar en la agricultura y su comercialización y lo que es mas importante aun es dar seguimiento a los acuerdo en materia de comercialización, ya que estos temas se atienden en el momento de las cosechas y se complica el lograr soluciones satisfactorias.

    si desde el momento de la siembra se visualiza la comercialización de una manera estratégica, podremos comercializar sin contratiempos y lograr rentabilidad para el campo de sinaloa y de México.

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