DPImelda11022014

 

Compañeras y compañeros diputados:

Uno de los problemas sociales más serios que se enfrentan en la actualidad, es la necesidad de una vivienda digna para millones de familias mexicanas. Desde el inicio del actual sexenio, el Gobierno de la República ha mantenido prácticamente paralizada la construcción de vivienda.

Lo mismo pasa a nivel estatal. En Sinaloa habíamos tenido un desarrollo dinámico del sector de la construcción, sin embargo, cuando se vino la crisis, no solo se afecta a las familias que carecen de vivienda, sino que las grandes empresas constructoras desemplean a cerca de dos mil trabajadores, ya que éramos la sede de los tres gigantes de la vivienda: Homex, Geo y Urbi.

Hoy el problema de la vivienda tiene una explicación multifactorial. El día de hoy solo comentaremos lo que tiene que ver con la vivienda invadida en Sinaloa y las necesidades de las familias desplazadas por la violencia.

Un informe de 2012 de la Gerencia de Recuperación de Cartera de Infonavit revelaba que, de 5 millones de viviendas hasta entonces asignadas por el Instituto, 56 mil 240 no estaban ocupadas por sus adquirientes; 14 mil 940 estaban abandonadas por los trabajadores acreditados; 38 mil 554 fueron deshabitadas por sus beneficiarios y 2 mil 746 habían resultado invadidas por personas distintas a la acreditación en todo el país.

Sin embargo, de manera extraoficial, la Coordinadora Nacional de Vivienda informó el año pasado que solo en Sinaloa 9 mil viviendas que se encuentran ocupadas por invasores podrían ser susceptibles de una venta directa en base a un acuerdo con el propio Instituto, a petición de esa organización.

Esta información extraoficial podría resultar la más veraz, toda vez que medios de comunicación de prácticamente todo el país, evidencian que los datos del Instituto se quedan cortos frente a la realidad:

En Ciudad Juárez se reconocen 3 mil 358 casos, mientras que en todo el estado de Chihuahua la Delegación del Instituto admite 8 mil viviendas en poder de invasores.

Durante 2013, en Acuña, los medios informan de 700 casas en poder de posesionarios ajenos a las acreditaciones de origen.

En el estado de San Luis Potosí existen mil setecientas viviendas abandonadas, de las cuales doscientas están invadidas por integrantes de diferentes organizaciones sociales, según el propio Instituto.

Los medios de comunicación veracruzanos informan de la invasión de al menos 300 viviendas del Instituto en Orizaba y Coatzacoalcos.

Y entre otros muchos casos, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, el 28 de septiembre tres mil familias ocuparon igual número de viviendas, la mayoría de Infonavit.

La ocupación de viviendas por personas no acreditadas ha tenido diversas alternativas de solución.

En Ciudad Juárez, por ejemplo, durante los primeros cuatro meses de 2012, Infonavit subastó 5 mil 055 casas en favor de los posesionarios no acreditados de manera original.

Una medida similar se dio en Acuña, Coahuila, auspiciada incluso por las autoridades municipales en un acuerdo con el propio Instituto para cobrar el Impuesto Predial que no se produjo durante los últimos ocho años en las 700 casas invadidas en el lugar.

En Sinaloa, la propia Delegación del Instituto, a pesar de que en el caso de las invasiones se hacen las denuncias penales correspondientes, su representación está abierta al diálogo y a la negociación para buscarle una solución a un problema, que reconoce como social.

Es más, el 8 de abril del año pasado se anunció en Los Mochis la presencia de la delegada estatal del Infonavit, Martha Cecilia Robles Montijo, en la que daría a conocer un acuerdo con el Gobierno del Estado que habría aceptado ser el intermediario para servir como aval en la compra de casas, en favor de los invasores de las mismas en Los Mochis.

De manera oficial, el Infonavit en Sinaloa solo reconoce la ocupación ilegal de 1,423 casas en los municipios de Ahome y Guasave.

Sin embargo, la Coordinadora Nacional de Vivienda que ventiló la posibilidad del acuerdo con el Gobierno del Estado revela que solo en Los Mochis 2 mil 500 viviendas en posesión de trabajadores no acreditados pueden ser subastadas en favor de los mismos, en una medida que se pudiera replicar en Guasave, Guamúchil y Culiacán, con el propósito de legitimar la posesión de nueve mil viviendas ocupadas por invasores.

Se trata, como hemos visto, de un serio problema nacional que está estrechamente ligado al incumplimiento a una de las principales garantías individuales como la que se refiere a disfrutar de una vivienda digna y decorosa.

En el estado de Sinaloa el de la falta de vivienda es un problema que cobra particular gravedad cuando cientos de familias —más de 30 mil personas según cifras de la Comisión Estatal de Derechos Humanos— han sido desplazadas de sus hogares por efectos de la violencia y que elementalmente requieren del auxilio para asentarse y con ello tratar de continuar sus vidas. En 2012 la Secretaría de Seguridad Pública reconocía la existencia de 1,203 familias.

En suma, compañeras y compañeros diputados, solicito a esta Diputación Permanente se asuma este problema social, por parte de esta legislatura, a través de la Comisión de Vivienda, ya que de acuerdo a los artículos 18, fracción VII, y 19 fracción VIII, se establece claramente la obligación de los diputados de representar los intereses de los ciudadanos para promover y gestionar la solución de problemas y necesidades colectivas ante autoridades.

Por ello, solicito también a esta Diputación Permanente se hagan las gestiones necesarias para que se reactive la Mesa de Trabajo que se instaló el año pasado entre la Delegación de Infonavit, Invies, y la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, mesa que fue convocada y encabezada por la Secretaría General de Gobierno. Igualmente, para que a dicha mesa de trabajo se incorpore la Comisión de Vivienda de esta legislatura. Es necesario decir que a esta ya han comparecido los representantes de las organizaciones de posesionarios de vivienda de los municipios de Ahome y Culiacán, a quienes por cierto, no se le ha dado seguimiento a su demanda y están reclamando se dé cumplimiento a esta obligación de los diputados, como lo marca la Ley Orgánica; referencia ya comentada anteriormente.

Finalmente diputados y diputadas: solicito también que en estas gestiones se dé prioridad a la elaboración de un programa especial de atención emergente, las necesidades habitacionales de las familias desplazadas por la violencia en los municipios de Choix, Concordia, Sinaloa, San Ignacio, Elota, El Fuerte, Rosario, Mocorito, Badiraguato y la zona rural de Mazatlán.

Diputado Jesús Enrique Hernández Chávez, presidente de esta Diputación Permanente, hago llegar a usted un estudio de la IV Delegación de Infonavit en el estado, sobre el tema que he abordado, así como una relación de comunidades y número de familias desplazadas, hecho por la Secretaría de Seguridad Pública.

 

Muchas gracias.

 

Imelda Castro Castro.

Diputada por el PRD.

 

Intervención durante la Sesión de la Diputación Permanente de la LXI Legislatura del Congreso del Estado. 11 de febrero de 2014.

 

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