IMEDSCF6181

Con su permiso diputado presidente:
Compañeras y compañeros diputados:

Esta reforma que el Congreso conoce en términos del artículo 135 constitucional es de gran trascendencia y de gran relevancia para el país, en tanto tiene como una de sus finalidades consolidar la trasparencia, el acceso a la información y la rendición de cuentas.
Esta reforma, por lo tanto, se encuentra encaminada a combatir la opacidad, propiciadora de la corrupción, que debe ser entendida como una actividad lacerante que ha dañado a la sociedad y a las instituciones.
La minuta que se analiza, contempla en primer término modificar la estructura del artículo Sexto Constitucional con el propósito de fortalecer la trasparencia.
Este artículo se modificó en 1977 para insertar el derecho a la información como parte de la garantía de libertad y manifestación de las ideas.
Posteriormente, el 20 de julio del 2007, mediante una nueva reforma al Sexto Constitucional, se plasmaron las bases para el ejercicio del derecho al acceso de la información en los tres niveles de gobierno, incorporándose a los órganos de la administración pública, autoridades federales, estatales y municipales, como sujetos obligados a tener sus archivos en orden y hacer pública la información propia de sus funciones.
Mediante esa reforma se consolidó la garantía social de acceso a la información y la obligación de la autoridad para la rendición de cuentas, a través de un organismo especializado, como es el caso del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos y sus homólogos en los estados del país.
El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos evoluciona a una entidad constitucionalmente autónoma.
Con estas nuevas disposiciones, esperemos que se vean pronto los resultados al incorporarse el principio de inatacabilidad de las resoluciones.
Se trata de un recurso de suma trascendencia porque va a hacer que se inicie lo que podemos llamar la auditoría ciudadana en materia de trasparencia.
Con esta reforma, quienes ejercen recursos públicos ya no van a poder seguir dándole la vuelta al cumplimiento de dar a conocer la información que tiene que ser de dominio público.
Esto es sumamente importante, cuando sin duda uno de los principales problemas del país ha sido justamente el presidencialismo autoritario que ha prohijado la arbitrariedad, la corrupción y la impunidad.
En este sentido, se incorpora la modificación al artículo 105 constitucional, con dos adiciones en materia de controversias constitucionales a fin de dotar a los organismos garantes en materia de trasparencia y acceso a la información la facultad de promover las citadas acciones ante la Suprema Corte de Justicia, contra quienes, ejerciendo recursos públicos, no cumplan con las condiciones en materia de trasparencia.
Desde luego que estas reformas adicionan además el artículo 116 constitucional para disponer que las constituciones locales garanticen la creación de organismos especializados, imparciales y colegiados, responsables de asegurar el derecho a la información y la protección de datos personales.
Dispone además que estos órganos autónomos cuenten con personalidad jurídica y patrimonio propio.
Sin duda esta reforma constitucional que fortalecerá la trasparencia en la vida pública, nuestro grupo parlamentario vota a favor, no obstante y para efectos prácticos la intervención de esta legislatura en términos del artículo 135 constitucional se encuentra ya desfasada, al haberse convertido el Congreso de Chiapas en el número 17 que desde el pasado 7 de este mes, le dio la mayoría prevista para su cómputo favorable en el Congreso de la Unión y su posterior promulgación.
Ello no obsta sin embargo para que esta legislatura, en congruencia con la ampliación de los postulados constitucionales que hoy aprueba, considere las acciones necesarias que fortalezcan en Sinaloa el acceso a la información pública, sobre todo en el marco del último de los informes del Índice Nacional de los Órganos Garantes del Derecho de Acceso a la Información difundido recientemente por la ONG Artículo 19, que a través de su iniciativa México Infórmate, en que participan periodistas, académicos e investigadores de todo el país, ubica a Sinaloa en los últimos lugares en cuanto a la garantía del acceso a la información.
Y en plena coherencia con esta reforma constitucional, creo que es oportunidad también para recordar el acuerdo que clasifica como reservada la información del Congreso y de la Auditoría Superior del Estado, celebrado el 31 de julio del 2012 por la LX Legislatura, de manera específica la que se refiere a los registros, archivos, documentos y cualquier otro dato que se recopile, mantenga, procese o se encuentre en poder del Congreso del Estado o de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, derivado de los expedientes integrados con motivo de la revisión de cuentas públicas del Gobierno del Estado, los organismos públicos autónomos, los municipios, los organismos descentralizados, estatales y municipales, empresas de participación estatal o municipal, fideicomisos, etcétera; así como los recursos públicos que maneje, o custodie cualquier persona física y la revisión de los informes financieros de las entidades fiscalizables.
Igualmente aprovechamos la oportunidad para convocar a esta LXI Legislatura, para de conformidad con la ampliación de las garantías constitucionales en materia de trasparencia y acceso a la información pública y en términos de los artículos 226 y 227 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, se proponga celebrar una consulta pública, a fin de recibir propuestas de la sociedad que fortalezcan la trasparencia del servicio público, mediante la más amplia reforma en materia de acceso a la información pública y la trasparencia en Sinaloa.

Muchas gracias compañeros y compañeras diputados.

Culiacán, Sinaloa. Jueves 16 de enero de 2014.

Dip. Imelda Castro Castro.
Coordinadora del Grupo Parlamentario del PRD.

* Intervención en torno a la propuesta de dictamen de reforma constitucional en materia de trasparencia.

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