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Con su permiso Dip. Adolfo Rojo Montoya, presidente de la Mesa Directiva;
Compañeras y compañeros diputados:

De acuerdo con el artículo cuarto constitucional, el derecho a un medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar de toda persona en el país, está garantizado por el Estado mediante la imposición de responsabilidades a quien provoque daños o deteriore el ambiente.
En Sinaloa, el artículo 4 bis apartado b de la Constitución Política del Estado obliga a las autoridades a proteger, preservar, restaurar y mejorar al ambiente.
La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, reglamentaria de las disposiciones de la Constitución Política Federal que se refieren a la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como a la protección al ambiente, obliga a su vez a los gobiernos estatales a prevenir y controlar la contaminación de las aguas de su jurisdicción así como de las aguas nacionales que tengan asignadas.
Tanto la Ley General Distribuidora de Competencias y Responsabilidades en materia de protección al ambiente, como la definida localmente como Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de Sinaloa, consideran de utilidad pública la programación y ejecución de acciones de protección y preservación de la biodiversidad.
Una y otra legislación le dan el carácter de emergencia ecológica a la “situación derivada de actividades humanas o fenómenos naturales que al afectar severamente a sus elementos, ponen en peligro a uno o varios ecosistemas”.
Es importante destacar este conjunto de legislaciones específicas que definen obligaciones, responsabilidades y acciones en relación a la protección al ambiente, porque ante la derrama de “unos 15 mil litros de diésel en dos lagunas contiguas al dren Batamote, ubicadas en Estación Rosales, en la sindicatura de Culiacancito”, parecen letra muerta en Sinaloa, al menos para las dependencias del Gobierno del Estado, de las que todavía se ignora su participación al lado del personal de Petróleos Mexicanos, Comisión Nacional del Agua y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, para determinar la causa del ecocidio, más allá del evidente derrame de combustible.
Del derrame dado a conocer por los medios de comunicación entre el 30 y el 31 de diciembre del año pasado, con la afectación de la flora y fauna, todavía es tiempo de que ni Pemex, ni la Profepa ni la Conagua determinan el origen.
Lo cierto es que miles de peces, tortugas, patos, entre otras especies, murieron en las dos lagunas por el derramamiento del combustible que conducen los ductos de Pemex que pasan por la zona. En la hemeroteca del tema de derrames y ordeñas de combustibles se han encontrado muchos registros en dicha zona del municipio. Es decir, no es nada nuevo. Lo nuevo es la dimensión de la tragedia que estamos viendo.
Aunque las responsabilidades de la paraestatal son directas por las obvias deficiencias en la vigilancia de sus líneas de conducción, tampoco la legislación en materia de protección civil pareciera ser considerada, porque aunque precisa que debe contarse con un atlas estatal de riesgos en la que se determinen las zonas, puntos, áreas o regiones que indiquen la presencia de riesgos potenciales que amenacen a la población, sus bienes, servicios estratégicos y su entorno, al menos no existe información pública que refiera el equipamiento por el que se conduce el combustible en las zonas urbanas, ya no digamos en despoblado, como es en el caso de este desastre ambiental.
Difícil es pasar inadvertido semejante descuido, sobre todo en el marco del anunciado gasoducto que se prevé atraviese la mayor parte del territorio estatal. Es necesario considerar estos riesgos para prevenir con responsabilidad y conforme a la ley, lo que pueda venir una vez que se construya dicho gasoducto.
De manera evidente, después de las afectaciones de la flora y fauna en las lagunas de Estación Rosales, que Pemex, Conagua y Profepa comenzaran los trabajos para limpiar los cuerpos de agua afectados, a partir de los primeros días de este mes, mediante la recuperación del combustible derramado y la apertura de fosas para el depósito de la flora y la fauna afectadas por el siniestro, es importante pero no suficiente y menos oportuna en materia preventiva, como lo ordenan las disposiciones de protección al ambiente que ya hemos citado en esta intervención.
Reponer los ecosistemas afectados, frente al daño provocado, seguramente resulta una tarea de largo plazo, acción en la que ni las sanciones administrativas y penales de hasta en 20 mil salarios mínimos en el primer caso y de hasta tres años de prisión en el segundo, previstas en la legislación local, lo producirán por sí mismas, menos en un lamentable contexto de impunidad y negligencia gubernamental, como se advierte en este caso, ya que desde el viernes 27, los acuacultores de la zona denunciaron la mortandad de peces por la contaminación de las aguas lagunares y es hasta después de la insistencia de los medios de comunicación que el tema empieza a reconocerse.
Al día de hoy, no solo no se ha controlado la emergencia, sino que impunemente continúa bajando el diésel hacia las lagunas, desde una zona de procedencia que se desconoce. Es decir, por lo que se ve, la ruptura del ducto o de los ductos siguen ahí, Pemex no los ha sellado. No hay duda entonces que la tragedia es de grandes dimensiones, seguramente ya está afectando los mantos acuíferos, los mantos freáticos y probablemente las tierras de cultivo, ya que al día de ayer el combustible seguía cayendo al dren Batamote y obviamente a las lagunas primero. A estas alturas, ya hay más diésel que agua en las lagunas, la espesura de los líquidos lo refleja, la espesura y el color de los líquidos lo reflejan a simple vista y lo más alarmante es la dispersión de dicha contaminación por el número de días en que ha corrido este combustible.
Por ello, en atención a las disposiciones de la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de Sinaloa, que dispone en su artículo 261 que cuando exista riesgo inminente de desequilibrio ecológico, o de daño o deterioro grave a los recursos naturales, casos de contaminación con repercusiones peligrosas para los ecosistemas, lo que resulta el hecho del ecocidio en Estación Rosales, sindicatura de Culiacancito, del municipio de Culiacán, la Secretaría de Desarrollo Social y Humano del Gobierno del Estado podrá ordenar medidas de seguridad, entre otras, la clausura temporal, parcial o total de las fuentes contaminantes, así como de la maquinaria, equipos e instalaciones. Estoy citando textualmente el artículo 261 de la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de Sinaloa.
En coherencia con lo anterior, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y desde luego, de obvia y urgente resolución, en términos de los artículos 214, 215, 216 y 217 de nuestra Ley Orgánica, presento el siguiente punto de acuerdo:
Primero. La LXI Legislatura del Congreso del Estado de Sinaloa, de conformidad con el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4° bis apartado b de la Constitución Política del Estado, solicita urgentemente al Ejecutivo del Estado, en términos del artículo 261 de la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de Sinaloa, proceda a plantear a Pemex, sean clausurados temporalmente los ductos que se encuentren contiguos a drenes, esteros, lagunas y humedales naturales, en la zona de la sindicatura de Culiacancito, hasta en tanto conforme a lo dispuesto en el artículo 262 de la misma norma, en un plazo que no excederá de 30 días naturales, Pemex le informe sobre las acciones de vigilancia permanente en sus líneas de conducción, que eviten de manera oportuna el derrame de más combustible.
Segundo. Se solicita a la Secretaría de Desarrollo Social y Humano del Gobierno del Estado, la instalación, en términos del artículo 226 de la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de Sinaloa, del Sistema Estatal de Información Ambiental y de Recursos Naturales, mediante el cual dará a conocer de manera particular las acciones en las que participe para la recuperación de los ecosistemas afectados por el derrame de combustible en Estación Rosales, Culiacancito, Culiacán, Sinaloa y, en general, la información relativa a inventarios de recursos naturales existentes en el territorio estatal, a los mecanismos y resultados obtenidos del monitoreo de la calidad del aire, del agua y del suelo, al ordenamiento ecológico del territorio estatal, así como la información relativa a programas y acciones que se realicen para la preservación del equilibrio ecológico y la protección al ambiente en el estado de Sinaloa.
Tercero. Se solicita al Ejecutivo del Estado, de conformidad con el artículo 47 de la Ley de Protección Civil, desarrollar, actualizar y registrar el Atlas Estatal de Riesgos ante el Registro Público de la Propiedad y el Comercio del Estado, documento en el que deberá contenerse la información sobre la localización de las líneas de conducción de Pemex en todo el territorio estatal. Dicha información deberá hacerse del conocimiento público, de manera permanente, en la página electrónica del Poder Ejecutivo del estado de Sinaloa.
Compañeras y compañeros diputados:
Todas estas citas que aquí estamos haciendo de articulados, de leyes federales, sobre todo de leyes estatales, en particular la Ley de Equilibrio Ecológico y la Ley de Protección Civil del Estado de Sinaloa están ahí planteadas y son cosas que en Sinaloa no hemos hecho, y ya hemos tenido desgracias por desastres naturales que pudieron haberse prevenido y haberse mitigado las consecuencias si hubiera un gobierno responsable de estos asuntos, si tuviéramos un cumplimiento de las leyes.
Ahora se trata de un desastre provocado por la actividad humana; es todavía peor que estemos ante esta situación y que no haya habido participación de las dependencias del Gobierno del Estado.
Es sabido también el nivel de atraso que tenemos en el estado en este tema, y se pueden destruir todos nuestros ecosistemas y la negligencia y la impunidad ahí están presentes.
Yo, de veras, quiero decirles que ahora a finales de año que conocí el problema estoy sumamente indignada por esta situación, y lo hemos comentado a varias instancias, lo hemos publicado a través de las redes sociales, y hoy lo hacemos en esta tribuna considerando la gran responsabilidad que tiene este Congreso en estos temas tan importantes para Sinaloa.
Muchísimas gracias.

Culiacán, Sinaloa. 7 de enero de 2014.

Por el Grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática

Dip. Imelda Castro Castro

NOTA: por acuerdo, se turnó el punto de acuerdo a la Comisión de Ecología para elaborar el dictamen de urgente y obvia resolución.

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